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La reciente sanción de la nueva ley de encuestas ha desatado una ola de inquietud en el gremio, con expertos como César Caballero, director de Cifras y Conceptos, y Martín Orozco, gerente de Invamer, expresando serias reservas sobre sus efectos inmediatos y a largo plazo. En entrevista con La FM de RCN Radio, ambos calificaron la normativa como “un esperpento” y una “censura disfrazada”, que transformará radicalmente la forma en que se miden las intenciones de voto y la opinión pública en Colombia.
Veda electoral inmediata y sus implicaciones
Uno de los efectos más inmediatos y polémicos de la ley es la instauración de una veda para la publicación de encuestas de intención de voto, vigente hasta el 1 de noviembre, fecha en que inician las inscripciones de candidatos. Esta medida, que Caballero calificó como una “extraña veda”, prohíbe expresamente la difusión de estos datos.
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Además, existe una ambigüedad significativa respecto a las encuestas de favorabilidad o imagen de personajes públicos. Según Caballero, el texto legal presenta “varias falencias de técnica jurídica” que abren la puerta a interpretaciones arbitrarias, lo que podría derivar en sanciones a las firmas encuestadoras por publicar información sobre figuras como el alcalde de Bogotá o el presidente de la República.
Ambos expertos aclararon que, si bien la ley no impide la realización de encuestas para uso interno de partidos o movimientos políticos, la restricción de publicación es total, incluyendo las redes sociales, donde tampoco podrían difundirse resultados.
Exigencias técnicas y aumento drástico de costos
La nueva normativa impone requisitos técnicos estrictos, exigiendo un 95 % de confiabilidad con un margen de error máximo del 3 % para fenómenos cuya ocurrencia se sitúe entre el 40 % y el 60 %. Según Caballero, en la práctica, esto implica un aumento exponencial del tamaño muestral requerido.
El experto explicó que, para publicar un dato de intención de voto del 15 % con ese margen de error, se necesitaría una muestra mínima de 8.350 personas, en lugar de las 1.000 habituales. Para candidatos con un 30 % de intención de voto, la muestra aún tendría que ser de 3.600 personas.
Para Caballero, esta exigencia encarece notablemente el valor de las encuestas públicas, haciendo que sea “prácticamente imposible” realizar estudios regionales, por ejemplo, para elecciones a la Cámara. Además, advirtió que esto favorecerá a quienes tengan altos recursos económicos, ya que podrán seguir contratando encuestas privadas para definir estrategias y moverse en escenarios de incertidumbre.
Colombia, entre los países más restrictivos y el riesgo de "fake news"
Orozco calificó la ley de “totalmente inconstitucional” y reafirmó que se trata de una “censura disfrazada”. Por su parte, Caballero subrayó que, aunque Colombia ya era restrictiva con una veda de siete días, la nueva veda —de casi un año— pone al país “entre los más restrictivos del mundo” en cuanto a publicación de encuestas.
Orozco indicó que una de las preocupaciones centrales es que la ley, al silenciar a casas encuestadoras serias y reputadas, podría desatar una “guerra de fake news”, promovida por “encuestadoras de garaje” que, sin reconocimiento ni rigor, publicarán datos falsos sin temor a sanciones.
Responsabilidad penal, obligación de medir y el secreto estadístico
La normativa también ha causado indignación por imponer responsabilidad civil y penal a las firmas por cumplir leyes estadísticas que, según los expertos, pueden ser contradictorias entre sí. Caballero advirtió que esto permitiría a un candidato, insatisfecho con su resultado, buscar un pretexto falaz para demandar e incluso exigir indemnización.
Otro punto crítico es la obligación de incluir a “todos los candidatos con notoriedad pública significativa” en las encuestas. Caballero relató el caso de un candidato desconocido que, amparado en esa cláusula, ya exige ser medido, lo cual refleja los problemas prácticos de esta disposición.
Orozco lamentó que la ley acabará con proyectos como Imbamerpol, que generaban información valiosa en grandes ciudades. Ahora, la exigencia de muestras más grandes y representativas a nivel nacional vuelve estos estudios financieramente inviables, lo que hará que la información pase a ser privilegiada y no pública, solo accesible para quienes puedan pagar servicios privados. Según Orozco, esto no beneficia a nadie, y si la meta era combatir las encuestas falsas, el camino correcto era la auditoría, no la censura.
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Acciones legales en curso y riesgos para la libertad de expresión
Los gremios de encuestadores evalúan acciones judiciales contra la norma, argumentando que se tramitó como ley ordinaria, cuando su contenido exige el tratamiento de ley estatutaria. Además, se exige la entrega de bases de datos con información de contacto, sin nombres pero potencialmente identificable, lo que, según Caballero, vulnera el secreto estadístico y pone en riesgo la libertad de expresión de los ciudadanos.
Ambos expertos concluyeron que, si bien Colombia requiere una regulación más sólida, esta ley “salió mal, realmente muy mal”. Coincidieron en que se trata de una tragedia política que dejará al país sin encuestas confiables de opinión pública.
Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
