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La Unión Patriótica, uno de los partidos de izquierda que busca agruparse bajo la sombrilla del Pacto Histórico para que la coalición sea un partido único, decidió no aceptar los cargos de la violación de topes de la campaña del movimiento en 2022.
El partido se había allanado a cargos para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cerrara tres procesos sancionatorios y permitiera la fusión que le otorgara la personería jurídica al Pacto, que desde septiembre enfrenta varios líos en derecho.
Uno de los casos era de presentación extemporánea de informes de campaña; otro, por posibles fallas en la presentación de informes en la elección atípica de la Alcaldía de Duitama de 2021, y el último, la aparente violación de topes en la campaña en 2022.
La UP se retractó en el tercero. Según su representante legal, el congresista Gabriel Becerra, la colectividad no había examinado en detalle quiénes eran los magistrados ponentes "ni el tema específico del proceso", lo que "indujo a un error".
"Dicho error afectó la comprensión del alcance real del procedimiento y, en consecuencia, la manifestación inicial de aceptación no reflejó una voluntad plenamente informada ni libre", dice una carta que la Unión le envió al CNE.
La retractación podría tener un impacto en el proceso de fusión que el Pacto Histórico quiere consolidar para obtener su personería jurídica plena. El CNE permitió que la UP se uniera con el Partido Comunista y el Polo Democrático de forma condicionada.
En septiembre, el tribunal electoral permitió la personería supeditándola al fin de los procesos sancionatorios que él mismo adelantaba contra los partidos, y dejó por fuera a Colombia Humana y Progresistas por tecnicismos jurídicos.
Ahora la UP se la juega por insistir en que no hubo ninguna violación de topes hace tres años. El CNE tiene pendiente debatir una ponencia que dice que sí, mientras la Fiscalía también indaga posibles delitos electorales en medio de la campaña.
"El partido Unión Patriótica ha sostenido históricamente una posición firme, coherente y pública de oposición frente a los cargos formulados en el expediente", asevera la misiva, que afirma que allanarse sería "desconocer su trayectoria".
Los magistrados Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, investigaron la campaña del Pacto. Su postura es que la coalición sobrepasó los gastos permitidos por la ley en más de 3.500 millones de pesos.
