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¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes fijando como tope 25 salarios como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución?
Este es el primero punto que contempla la Consulta Anticorrupción que promovieron junto a más de 4.5 millones de ciudadanos la exsenadora Claudia López Hernández y la senadora Angélica Lozano Correa.
Paradójicamente, hoy se ha conocido que en el Consejo de Estado –donde a los magistrados también se les bajaría el salario en caso de ser aprobada la consulta– fue interpuesta una demanda contra ese propósito ciudadano.
Y es que exactamente a un mes de ir a las urnas hizo aparición un abogado que le pide al Consejo que suspenda la consulta para que no se pueda votar el punto número 1 que establece la reducción salarial para los congresistas y a la postre bajaría también el salario de los magistrados de las altas cortes y los ministros.
Al respecto, Claudia López dijo que son solamente los ciudadanos quienes deciden con sus votos en la consulta qué orden les quieren dar y sobre qué tema. "Eso no lo puede imponer ningún juez", sostuvo.
La consulta popular tiene un control posterior, no un control previo porque, según Claudia López, ninguna norma le permite al Consejo de Estado revisar las preguntas que los ciudadanos quieren poner a su consideración en una consulta ciudadana.
"Por todas esas triquiñuelas, los 395 funcionarios que incluyen magistrados, ministros y congresistas, no quieren renunciar a esos altos beneficios del Estado", aseguró.
Y agregó: "O defendemos nuestro bolsillo y empezamos a recuperar la plata de la corrupción, o nos van a terminar subiendo los impuestos y bajando las pensiones para cubrir ese hueco de la corrupción".
De momento la Consulta Anticorrupción sigue en firme camino a las urnas el próximo 26 de agosto, un día que puede marcar un hito en las costumbres políticas colombianas.
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