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Aunque durante campaña electoral de 2022 la lucha contra la corrupción estaba en el centro del debate, el tema ha ido desapareciendo de la agenda de Gobierno durante el primer año del presidente Gustavo Petro. Así lo advierte un contundente informe de la ONG Transparencia por Colombia (TPC), publicado este martes 8 de agosto.
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Pese a que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) incluyó "una estrategia nacional de lucha contra la corrupción con enfoque en derechos humanos, la ampliación de iniciativas anticorrupción a nivel territorial con presupuesto asignado y medidas de transparencia en los sectores ambiental y de defensa", la apuesta anticorrupción en las distintas reformas del Gobierno ha sido contradictoria e incluso baja, dice la organización.
Esas contradicciones se han podido evidenciar en el debate en torno a la reforma a la salud. Funcionarios del Gobierno argumentaron varias veces que la supuesta "corrupción" del sistema era la principal razón para transformarlo, pero "el texto inicial de la reforma no incorporó suficientes propuestas para abordar esta problemática", añade Transparencia por Colombia.
El proyecto de reforma política también puede ser un ejemplo. A juicio de la ONG, la iniciativa tenía dos propuestas que habrían significado un retroceso en materia de transparencia: por un lado, se planteaba eliminar la exigencia de reportar las cuentas de campaña y, por otro, proponía que los congresistas pudieran ser ministros sin incurrir en inhabilidades. Aunque final los dos puntos no prosperaron, sí muestra esa apuesta contradictoria.
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A lo anterior se añade "la pérdida de visibilidad de la lucha contra la corrupción dentro de las prioridades del alto gobierno", advierte la ONG. Durante el primer año, el Gobierno "se ha visto obligado a responder a escándalos que han afectado a círculos cercanos del presidente". Esto ha llevado a que la forma de tratar el tema sea más "reactiva", en lugar de tener "un enfoque claramente definido para abordar el carácter estructural" de la corrupción.
En consecuencia, los escándalos que empañan al círculo del presidente Gustavo Petro y sus funcionarios han afectado la confianza de la ciudadanía en el liderazgo ético que debería tener el Gobierno en la lucha contra la corrupción. Porque no ha sido únicamente el caso de la presunta entrada de dineros de dudosa procedencia a las arcas de Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario. También están las maniobras, al parecer irregulares, de la exministra Irene Vélez para que se autorizara la salida de su hijo del país, así como "los cuestionamientos frente a contratos del Estado con familiares de miembros del alto gobierno".
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La ONG también califica como una barrera en lucha anticorrupción "los enfrentamientos que el presidente ha tenido con instancias institucionales y ciudadanas que hacen parte del sistema de pesos y contrapesos del país". Para ese aspecto, se mencionan los roces del presidente Gustavo Petro con el fiscal general Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello Blanco, y las cuestionamientos de Petro "a la neutralidad de algunos medios de comunicación, que podrían cuestionar de manera peligrosa el rol fundamental que tiene dicha libertad de expresión en el sistema democrático colombiano".
