Gobierno radicará proyecto de ley para reglamentar la amnistía
Actualmente sólo se aplica para delitos políticos y sus conexos, pero podría ampliarse para el narcotráfico solamente si fue usado como mecanismo de sostenimiento para unidades guerrilleras.
En medio de los avances que ha tenido el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba, aún quedan varios temas por superar para firmar el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto.
Uno de esos temas es el de la amnistía, punto que las Farc han venido pidiendo insistentemente y que está siendo estudiado en la mesa de conversaciones para definir cómo se aplicará el indulto en este proceso.
Por esta razón, el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de La Calle, anunció que se presentará en el Congreso un proyecto de ley para definir cómo aplicarán esos beneficios en la actual negociación.
“Estamos trabajando para definir los criterios de inclusión y exclusión, en la delegación hay actividad sobre ese tema para definir las características que constituyan un proyecto de ley para que el Congreso lo defina (…) el Gobierno tiene que anunciar que tiene la obligación de presentar esa iniciativa”, recalcó el negociador del ejecutivo.
El anuncio se da justo cuando la guerrilla ha reiterado que sin seguridad jurídica no se movilizará a las zonas veredales. ‘Carlos Antonio Lozada’, negociador de las Farc, dijo que ese es un requisito indispensable para que avance la negociación. “Es que sin amnistía no habría acuerdo final, es así de sencillo. Si no hay una ley de amnistía no habría acuerdo final y si no hay esa firma no habrá movilización hacía las zonas”.
En todas las negociaciones de paz se han aplicado leyes de amnistía para dejar atrás los delitos políticos y conexos, el proceso de La Habana no será la excepción y en ese caso el ‘perdón’ sería aplicado al delito de rebelión y otros relacionados con el conflicto, pero la discusión desde hace un tiempo está abierta porque se podría incluir el narcotráfico, siempre y cuando, como fuente de recaudo de dinero para el mantenimiento de las unidades guerrilleras.
El uribismo se ha opuesto rotundamente a la posibilidad de que el narcotráfico pueda ser considerado conexo del delito político. Por esta razón, en el Congreso se avecina un duro debate frente a este tema.
