Gobierno inicia contactos con Registraduría para organizar elecciones para curules de paz

Luego de que se firmara el acto administrativo por parte del presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, que le dio vida a las curules de paz, el mandatario Iván Duque deberá promulgar el acto legislativo en los próximos días.

Este proceso se da en cumplimiento de dos fallos judiciales, uno del Consejo de Estado y otro de la Corte Constitucional, que determinaron que se debía garantizar la representación política de las víctimas en la Cámara de Representantes por ocho años, tal y como quedó establecido en el Acuerdo de Paz.

Le puede interesar: Gobierno pondrá la lupa en las curules de paz para que no queden en manos de victimarios

A raíz de esto, el Gobierno Nacional ya comenzó contactos con la Registraduría Nacional para organizar las elecciones en los territorios en donde se elegirán a los representantes de los afectados por el conflicto.

Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, indicó que “ya estamos iniciando las conversaciones con la Registraduría y con las autoridades electorales en el país. Todos tenemos la intención de que podamos cumplirle a las víctimas”.

Hace algunos días, el registrador nacional, Alexander Vega, indicó que ya están preparando la logística para que las elecciones en estas nuevas 16 circunscripciones especiales de paz puedan adelantarse sin ningún contratiempo el próximo 13 de marzo, misma fecha en la que se llevarán a cabo los comicios parlamentarios.

Consulte aquí: Gobierno pondrá la lupa en las curules de paz para que no queden en manos de victimarios

Archila indicó que estas nuevas circunscripciones especiales de paz que se elegirán en 170 localidades del país, están ubicadas en muchos de los municipios Pdet.

“En el caso nuestro, vemos con mucho optimismo que casi en su totalidad de esas curules corresponden a municipios para los cuales tenemos Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, así que hay una gran coincidencia en ese sentido”, manifestó.

Las curules de paz estarán vigentes por ocho años y las víctimas tendrán un asiento obligado en la Cámara de Representantes durante los periodos 2022–2026 y 2026–2030, según estableció el reciente fallo de la Corte Constitucional, acatado por el Congreso de la República.