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Se espera que este martes 24 de septiembre sea radicada la reforma política 2.0 del Gobierno en la que se plantea una transformación del Consejo Nacional Electoral y en la que llama la atención que perdería las facultades para adelantar investigaciones administrativas, pues pasaría a ser un ente colaborador en ese tipo de procesos.
Además, ahora el CNE estaría integrado por nueve magistrados; cada terna sería propuesta por las altas cortes (Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado), y serán elegidos para un periodo de 6 años, lo que representa un aumento de 2 años con relación a los 4 que regían actualmente en la Constitución.
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Otro de los puntos centrales del proyecto es el de la financiación de las campañas electorales, pues se plantea que el Estado se encargará de suministrar los montos requeridos.
“El Estado participa de manera concurrente y preponderante en la financiación de los partidos y movimientos políticos en su funcionamiento. Las campañas electorales se financiarán mediante anticipos y reposición de votos bajo los criterios de igualdad y desempeño electoral”, cita el documento.
Argumenta el Gobierno que de esta manera se busca erradicar el régimen de corrupción con fundamento en lo establecido en el Acuerdo Final de Paz y el diagnóstico de la Misión Electoral Especial.
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En ese sentido, también se contempla la limitación del monto total de los gastos de las campañas electorales, así como las cuantías de las contribuciones privadas y se instaura la rendición pública de cuentas de los partidos, movimientos y candidatos.
El CNE será el encargado de fijar los montos máximos de gastos de las campañas y distribuirá los aportes del Estado a los solicitantes para garantizar el financiamiento de las campañas.
Quedará prohibido a los partidos y movimientos políticos recibir financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras para las campañas.
