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El impacto del ausentismo en el trabajo, los crecientes riesgos en distintos sectores productivos y los desafíos que impone la reforma laboral en trámite, son algunos de los temas sobre los cuales se centran las deliberaciones en el IV Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizado por la Asociación Nacional de Industriales (Andi), que reúne a representantes del Gobierno, empleadores, trabajadores y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) analizaron
Durante la apertura, el vicepresidente Jurídico de la Andi, Alfonso Palacios, advirtió que, aunque la reforma laboral incorpora aspectos clave como la inclusión de personas con discapacidad y la adaptación de entornos laborales, deja por fuera temas que serán determinantes para el futuro del trabajo.
Entre ellos, resaltó el rol de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad laboral y los efectos cada vez más severos del cambio climático.
“Hoy tenemos trabajadores expuestos a temperaturas de 46 y hasta 50 grados. Solo quienes están dentro de la formalidad cuentan con protección para adaptar sus entornos a estas exigencias”, señaló Palacios, insistiendo en que la formalización laboral debe seguir siendo un punto central de la política pública.
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Frente a la preocupación de algunos empleados por el riesgo de posibles pérdidas de empleo con los nuevos costos empresariales derivados de la reforma, Palacios indicó que se trata de una pregunta que deberá resolverse de manera sectorial y cuando la implementación esté en marcha:
“Un aumento de costos puede llevar a procesos de reorganización en algunos sectores, pero no hay una respuesta única. Todo dependerá de la realidad de cada actividad económica”, puntualizó.
El directivo subrayó, además, que el encuentro es un espacio de diálogo en el que gobierno, empresarios, la OIT y trabajadores buscan consensos: “La empresa no es solo una unidad productiva. Es una unidad social que debe estar orientada a mejorar la vida de los trabajadores”, afirmó el directivo gremial.
Reconocimiento
Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó la importancia del encuentro como un escenario de reflexión académica y revisión de los problemas reales en los lugares de trabajo, al considerar la seguridad y salud laboral como un derecho fundamental.
El funcionario recordó que la reforma laboral y la Ley 2466 incorporan disposiciones para fortalecer la prevención, y anunció que la próxima semana el Gobierno llevará al Congreso un convenio marco de la OIT para que haga parte del bloque de constitucionalidad.
Sanguino también entregó un panorama preocupante sobre la situación del país:
“En el Caribe hemos abierto 140 investigaciones, varias con sanciones, por trabajadores afectados en minería a cielo abierto en Cesar y La Guajira. Todas las semanas enfrentamos accidentes en minas, muchas de ellas ilegales, que terminan con mineros atrapados o sin vida”.
El ministro señaló graves riesgos en sectores como el portuario, especialmente en Barranquilla, Cartagena y Buenaventura, así como en actividades químicas, industriales, de salud y educación. Aseguró que la presencia y vigilancia de las ARL debe fortalecerse, y que el Estado tiene la obligación de consolidar esa protección.
Sobre posibles recomendaciones del empresariado, Sanguino afirmó que el Gobierno “está atento a recoger sus inquietudes y también las de los trabajadores”, enfatizando que el objetivo central es garantizar ambientes laborales sostenibles, libres de discriminación y de cualquier forma de violencia.
Advertencia
Para el director regional de la OIT, Ítalo Cardona, Colombia es uno de los países que más ha progresado en seguridad y salud laboral en América Latina, tanto en regulación como en la creación de sistemas de gestión dentro de las empresas. No obstante, dijo que aún quedan grandes desafíos.
Cardona destacó tres frentes críticos: Inteligencia artificial y nuevas tecnologías, que requieren regulación, formación y análisis de riesgos; cambio climático, que está generando nuevas condiciones extremas que ponen en peligro la vida de los trabajadores y formalización laboral, pilar indispensable para ampliar la protección del sistema.
“Es clave caracterizar mejor a los trabajadores informales. La transición hacia la formalidad no le compete solo al Ministerio de Trabajo: debe ser una estrategia de Estado”, señaló.
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El directivo recordó que en la región andina mueren trabajadores todos los días por falta de condiciones seguras y que la cultura de prevención debe convertirse en una prioridad nacional, no solo empresarial.
El encuentro en Santa Marta deja claro que la seguridad y salud en el trabajo es un reto nacional que atraviesa varios frentes; desde la modernización tecnológica hasta la emergencia climática, pasando por la informalidad y los ajustes normativos.
Mientras el Gobierno busca reforzar el marco legal y recoger inquietudes del sector productivo, empresarios y organismos internacionales coinciden en que el país debe acelerar la construcción de entornos laborales más seguros, empáticos y adaptados a los riesgos del siglo XXI.
