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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos denunció la imposición de castigos y sanciones ilegales en la Sierra Nevada de Santa Marta y zonas rurales de Valledupar, presuntamente aplicados por un grupo armado no estatal que actúa como autoridad de facto en los territorios.
De acuerdo con el organismo, durante 2025 se han recopilado 19 registros audiovisuales, aunque fuentes independientes hablan de hasta 23, que evidencian golpizas, trabajos forzados, inmovilización de extremidades y humillaciones públicas. En algunos casos, las víctimas fueron obligadas a pedir perdón en público o portar carteles con mensajes de arrepentimiento.
Estos actos, advierte la ONU, podrían constituir tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, en violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, de los cuales Colombia es Estado parte.
Asimismo, el Alto Comisionado alertó que, al ser cometidos por un grupo armado, los hechos infringen el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y podrían configurarse como crímenes de guerra o de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra.
Entre las víctimas figuran mujeres que fueron sometidas a trabajos forzados y rapadas a la fuerza, lo cual, de acuerdo con el informe, representa una forma de violencia basada en género y atenta contra la autonomía y la identidad personal.
“Los actos de tortura vulneran la dignidad humana y debilitan la gobernabilidad local, además de erosionar la confianza en las instituciones”, advirtió la entidad.
“El grupo armado está asumiendo la gobernanza”
Para Lerber Dimas, analista y director de la Plataforma Defensora de Derechos Humanos y Liderazgos Ambientales (PDHAL), la gravedad de la situación no solo radica en los hechos de violencia, sino en la aceptación social que han generado.
“La ONU está señalando que estas acciones van en contra de los derechos humanos y del DIH, pero además socavan el Estado Social de Derecho y las instituciones legalmente constituidas, lo cual es muy grave”, explicó Dimas.
El analista reveló que la viralización de los videos en redes sociales recibió el apoyo de más del 95 % de los comentarios de los usuarios, lo que refleja, según él, una preocupante normalización de la violencia.
“Cuando estos videos se publicaban, los mensajes eran casi unánimes: la gente decía que estaba bien hecho. Eso fortaleció la teoría de la gobernanza criminal: el grupo armado se siente con autoridad para imponer normas, sancionar y ejercer control social por encima del Estado”, señaló.
Dimas también lamentó la ausencia de pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades locales y nacionales, en especial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que actualmente mantiene un diálogo con la denominada Autodefensa Conquistadora de la Sierra Nevada, grupo al que se atribuye el control de esos territorios.
“Fue muy triste ver que no hubo rechazo público ni del Gobierno, ni de las autoridades departamentales o distritales. Esa falta de respuesta contribuyó a legitimar al actor armado y a fortalecer su influencia sobre la población”, añadió.
El experto advirtió que la situación ha creado una “nueva estructura de legitimidad y violencia”, donde los grupos armados dictan normas y castigos, mientras el Estado se ve cada vez más desplazado de sus funciones.
“Esto atenta contra la dignidad, la honra y el consenso de paz. El actor armado se erige como autoridad, pone las reglas y decide quién merece castigo. Y eso es exactamente lo que el Estado debería evitar”, enfatizó.
Llamado a una respuesta integral
Ante este escenario, ONU Derechos Humanos instó al Gobierno colombiano a investigar y sancionar a los responsables, garantizar la reparación de las víctimas e implementar efectivamente la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, con presencia institucional sostenida en la Sierra Nevada.
Lerber Dimas, analista y director de la Plataforma Defensora de Derechos Humanos y Liderazgos Ambientales, por su parte, subrayó la necesidad de reconstruir el diálogo y la presencia estatal en el territorio:
“El camino tiene que seguir siendo la paz, pero con autoridad legítima, con Estado. De lo contrario, la violencia seguirá siendo la ley”.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU concluyó que seguirá monitoreando la situación y emitiendo nuevas recomendaciones para evitar que la impunidad se imponga sobre la dignidad humana en una de las regiones más simbólicas y olvidadas del Caribe colombiano.
