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A tres años del inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, el balance en materia de educación superior revela progresos concretos en la política de gratuidad universitaria, mientras que las metas de expansión territorial e infraestructura permanecen en etapas iniciales.
La política de gratuidad en matrícula, formalizada por la Ley 2307 de 2023, ha beneficiado a más de 870.000 estudiantes en 64 instituciones públicas. Conocida operativamente como “Puedo Estudiar”, esta medida garantiza el acceso gratuito al pregrado en universidades oficiales, sin restricciones por edad, nacionalidad o estrato socioeconómico. La cobertura actual alcanza cerca del 96 % del total de estudiantes matriculados en instituciones públicas.
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Entre 2023 y 2025, el Estado ha destinado más de 5 billones de pesos a la financiación de esta política. Para 2025, el presupuesto asignado supera los 1,19 billones de pesos. Además, el gobierno incrementó el presupuesto de funcionamiento de las universidades públicas en 2,14 billones de pesos, con ajustes por inflación y un 27 % adicional.
El beneficio cubre únicamente el valor de la matrícula, sin incluir manutención, transporte ni materiales. Está dirigido a estudiantes registrados en el Sisbén IV (grupos A, B o C), así como a víctimas del conflicto armado y a miembros de comunidades indígenas.
En entrevista con La FM, el profesor Alex Buitrago, docente universitario, señaló que el gobierno logró formalizar la gratuidad, pero advirtió sobre impactos colaterales en el sistema financiero estudiantil: “El gobierno logró transformar la matrícula cero en 'Puedo Estudiar', eliminando barreras de edad y nacionalidad. No obstante, ha afectado el Icetex, que ha visto reducida su capacidad de ofrecer préstamos y becas”, afirmó.
La transformación del Icetex fue otro de los compromisos anunciados, con la intención de convertirlo en una entidad de apoyo social y no financiera. Sin embargo, expertos advierten que la implementación ha sido parcial y algunos estudiantes que no acceden a la gratuidad completa enfrentan dificultades para financiar sus estudios.
Sobre la ampliación de cobertura, el Ministerio de Educación anunció la creación de 190.000 nuevos cupos entre 2022 y 2024. No obstante, esta cifra se basa en registros de primer semestre, lo que ha generado críticas respecto a su validez como indicador de expansión real. Estimaciones externas indican que el crecimiento efectivo podría ser cercano a 125.000 nuevos estudiantes.
En cuanto a la promesa de construir nuevas sedes universitarias, se reportan 37 proyectos en curso, pero solo dos sedes han sido inauguradas. Una en Suárez, Cauca, correspondiente a la Universidad del Valle, y otra de la Universidad de Cundinamarca en Soacha, aún en construcción. La mayoría de proyectos están en fase de estudios, gestión predial o estructuración.
Se han invertido aproximadamente 1,7 billones de pesos en infraestructura educativa superior, que incluyen tanto obras nuevas como ampliaciones y mejoras. La meta inicial del gobierno era construir 35 sedes universitarias, 7 universidades y 10 sedes del SENA, especialmente en regiones históricamente excluidas.
El profesor Buitrago señala que si bien la intención de ampliar la infraestructura fue central en la campaña, el ritmo de ejecución ha sido limitado: “La promesa de expandir la infraestructura fue uno de los pilares... sin embargo, en la práctica, el avance ha sido lento y puntual. Estamos aún lejos de las múltiples sedes y universidades que se prometieron”, comentó.
La sostenibilidad financiera del sistema ha sido otro de los temas señalados como críticos. La Contraloría General advirtió sobre una deuda multimillonaria con universidades públicas, lo que pone en riesgo la continuidad de la gratuidad si no se abordan reformas estructurales. En ese sentido, Buitrago agregó: “Si este problema estructural no se aborda, la gratuidad no será posible... el gobierno tiene la oportunidad de proponer un marco legislativo que realmente modernice el sistema educativo”, haciendo referencia a una posible reforma de la Ley 30.
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En conclusión, la política de gratuidad se encuentra consolidada y con respaldo presupuestal, mientras que la infraestructura universitaria avanza a menor ritmo de lo proyectado. El último año del gobierno será decisivo para definir si estas iniciativas logran convertirse en transformaciones sostenibles dentro del sistema de educación superior.
