Duque pide a la JEP frenar curules de exguerrilleros incursos en graves delitos

Así lo solicitó luego de conocer que varios integrantes del Partido Farc fueron llamados a comparecer ante esa jurisdicción.
Iván Duque se posesionará como presidente el próximo siete de agosto
Iván Duque se posesionará como presidente el próximo siete de agosto Crédito: Prensa Iván Duque

El presidente electo, Iván Duque, se pronunció sobre el llamado que hizo la Jurisdicción Especial de Paz a varios integrantes de las Farc para que comparezcan por sus delitos cometidos en el marco del conflicto.

Desde España, Duque hizo un llamado a los magistrados para que limiten la participación política de ese grupo e impidan que exguerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad, lleguen al Congreso.

Me parece que es importante que sean llamados y lo que tenemos que garantizar es que haya verdad, justicia proporcional y reparación”, señaló.

“El reto más grande que tiene la Justicia Especial es hacer no compatible una sanción por crímenes de lesa humanidad, con el ejercicio de las curules en el Congreso, en cuyo caso el partido tendrá que nombrar a otras personas que no tengan deuda con la Justicia”, señaló.

Dijo que la ciudadanía rechaza que estas personas tengan derecho a participar en política, sin antes haber cumplido con las sanciones correspondientes por sus crímenes.

“Hay sentimientos de frustración cuando se ve a los victimarios llegar al Congreso sin haber dicho la verdad, sin haber reparado y cumplido las plenas. El reto de la JEP es que esas personas digan la verdad, reparen las víctimas y tengamos una justicia proporcional”, manifestó.

“Debe ser incompatible una sanción por crímenes de lesa humanidad, con la participación política y que el partido asuma el reto de nombrar personas sin deudas con la Justicia”, reiteró Duque.

Una de las reformas que impulsará el uribismo a partir del 20 de julio tiene que ver con la participación política de las Farc. A través de un nuevo acto legislativo se buscará que los responsables de graves crímenes tengan que responder primero ante la Justicia, antes de llegar al Congreso.


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