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La Corte Constitucional decretó desacato del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo por el incumplimiento en las ordenes para pagar las deudas de los presupuestos máximos de 2022 al sector de la salud.
En la decisión que fue tomada por la sala de seguimiento, el magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico del presidente Petro, se opuso a la declaratoria del desacato, pues, en principio las políticas de la salud requieren evaluar las dinámicas, tiempos y condiciones que pueden dificultar el cumplimiento de ordenes judiciales.
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"Este tipo de abordajes pormenorizados, en el marco de una adecuada valoración, deben estimar las dinámicas y las complejidades propias del ciclo de estas políticas, en particular, en términos de tiempo, construcción de acuerdos y consensos, que muchas veces impiden cumplir precisos y determinados plazos", dice el salvamento de voto.
Para Fernández, declarar desacato del jefe de cartera era una medida que podría llegar a radicalizar el análisis que hace el tribunal, lo que puede afectar el estudio de las situaciones que permitan cumplimiento de las ordenes de la corte.
"Precisé que las medidas punitivas y sancionatorias terminan por radicalizar un análisis constitucional mesurado en contra de marcos de análisis propositivos que en realidad impulsen un cumplimiento coordinado de los mandatos estructurales", añade el magistrado.
En la decisión que decretó desacato, el tribunal dio un plazo de 48 horas para el pago de los 819.000 millones y la estructuración de una metodología para establecer los reajustes de los presupuestos máximos.
Sin embargo, el magistrado Fernández controvirtió la decisión resaltando que un plazo tan corto no garantiza el cumplimiento de una orden en la cual no se cumplieron plazos mayores para que las autoridades competentes trabajaran en las estrategias.
"El establecimiento de un corto plazo para la ejecución del requerimiento judicial no garantiza la ejecución de la orden, con mayor razón, si la presunta negativa al pago se ha justificado en términos de un bajo recaudo, lo que además, también sugeriría considerar la participación de quien tiene a su cargo el estudio del presupuesto", continuó Fernández.
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Finalmente, el funcionario judicial mencionó que el desacato y la declaratoria de bajo cumplimiento "terminó diluyendo el propósito que debe guiar los esfuerzos de esta Sala, encaminado a procurar la sostenibilidad del sistema y por ende, la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud".
