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Con 18 firmas, fue radicado el proyecto de acto legislativo que propone una reforma al sistema política de Colombia "para garantizar mayores garantías de participación en los procesos democráticos electorales y de partidos".
La iniciativa plantea modificar las reglas de reconocimiento de personería política de movimientos y partidos políticos, así como la forma de financiación de las campañas para que sea una responsabilidad exclusivamente del Estado.
Sin embargo, hay punto que desde ya generan polémica, como por ejemplo el voto obligatorio. Según el proyecto, la idea es que “el Estado sea el responsable de que la ciudadanía vote”, sin embargo, se deberá considerar la objeción de conciencia “para que no se impongan sanciones ni consecuencias para la ciudadanía que no pueda ejercer el voto por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito”.
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También genera controversia la intención del proyecto de modificar las reglas de participación de grupos políticos para que existan listas únicas, cerradas y paritarias. Este fue uno de los puntos que generó el hundimiento de la pasada reforma política que impulsaba el Gobierno y el entonces senador, Roy Barreras.
Asimismo, el articulado contempla un límite de tres periodos de reelección consecutivos en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, en la Asamblea Departamental, en los Concejos Distritales o Municipales y en las Juntas Administradoras Locales.
“Esta reforma política es una deuda que hay con el país. Está el punto 2.3 del Acuerdo de Paz del 2016 que establecía una reforma política... hubo una misión electoral que también elaboró un documento importante sobre la importancia de tenerla y la Comisión de la Verdad también requirió al Congreso y al Gobierno Nacional para que se haga una reforma que posibilite superar la violencia y excluir la violencia de la política y demás”, explicó el representante Alirio Uribe, uno de los autores del proyecto.
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Transfuguismo
El ‘transfuguismo’ es otra “línea roja”, pues se busca que los congresistas y demás miembros de corporaciones públicas elegidos por voto popular, puedan cambiar de partido político sin perder su curul o incurrir en doble militancia.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo mayoritario de los congresistas, pues muchos han argumentado que se trata de ‘libertad política’ porque “algunos congresistas llegaron a un partido persiguiendo unos ideales y una plataforma ideológica que va cambiando en el tiempo y ya no refleja las convicciones iniciales”.
A propósito, ya está listo el proyecto impulsado por la representante Marelen Castillo y otros legisladores que busca modificar los artículos 17, 108 y 262 de la Constitución Política de Colombia, estableciendo nuevas reglas para las elecciones del 2026.
