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El escenario del debate a las objeciones del presidente Iván Duque al proyecto de ley estatutaria de la JEP ahora será el Senado. En la Cámara las objeciones fueron derrotadas por una mayoría compuesta por el Partido de la U, Cambio Radical, la Alianza Verde, el Polo y cuatro representantes del Partido Conservador que nunca tomó una postura oficial de bancada en el debate.
Ahora la discusión que podría tener una situación similar se alista en la cámara alta, luego de Semana Santa. Frente al debate en la Cámara de Representantes el presidente del Congreso, Ernesto Macías, aseguró que plantea demandar el debate por vicios de forma porque considera que la discusión debió haber sido primero en el Senado. Otro representante conservador, Juan Carlos Wills, hará lo mismo porque cree que la votación debió haber sido artículo por artículo. Aunque cuatro colegas suyos; Jimmy Harold Díaz, Armando Antonio Zabaraind, Buenaventura León León, y Juan Carlos Rivas, todos conservadores, votaron contra el Gobierno.
En sus redes sociales, la senadora Paloma Valencia publicó una serie de trinos sobre las objeciones.
Primer trino: ¿Ud está de acuerdo con que quienes vuelven a delinquir en las Farc puedan ser extraditados?
Si es así, ud está #DeAacuerdoConLasObjeciones
El artículo 153 del proyecto de ley estatutaria que fue revisado y aprobado por la Corte Constitucional establece que si los eventos criminales se realizan con posterioridad a la firma del Acuerdo Final será la Sección de Revisión del Tribunal quien examinará las fechas precisas. Y señala que “de haber sido posterior a la firma del Acuerdo Final y no tener relación con el proceso de dejación de armas, la remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición”.
El artículo del proyecto no descarta definitivamente que sea posible la extradición. El debate está en que las conductas que no tendrían esa condena tienen que ver con lo que se ha llamado “delitos de comisión permanente”, y el acuerdo estableció que esos delitos pueden ser secuestro o plantación de coca entre otros.
Sin embargo, la Corte volvió a revisar ese artículo luego de una solicitud del Centro Democrático que pretendía también crear salas especiales dentro de la JEP para el juzgamiento a militares. Y la Corte lo volvió a aprobar. De hecho, por esa razón el representante Edward Rodríguez solicitó al Gobierno en el debate retirar esa objeción, lo que causó desacuerdo en su partido.
Segundo trino: ¿Ud está de acuerdo en que se blinden las posibilidades de que terceros se escondan en la JEP para evadir la extradición?
Si es así, ud está #DeAcuerdoConLasObjeciones
Sobre esta afirmación hay que decir que el Acuerdo de Paz inicial con las Farc establecía que los terceros civiles involucrados en el conflicto serían llamados por la JEP en el marco de sus investigaciones para que respondieran por sus culpas. Pero la propia Corte en julio de 2018 cambió las reglas y estableció que los terceros civiles, empresarios o funcionarios del Estado que no tuvieran que ver con las fuerzas militares no podrían ser obligados a acudir a la JEP. Solo serán bienvenidos de forma voluntaria. Y, para que sean escuchados por la JEP y se les den las condiciones propias de la justicia transicional, deben probar su participación en el conflicto.
Un caso particular es el de Juan Guillermo Monsalve que en mayo del año pasado pidió ser acogido por la JEP y no lo recibieron porque la Justicia Especial consideró que no podía juzgar a miembros de los rastrojos o de las AUC. Monsalve es el exparamilitar que es el testigo más importante de la Corte Suprema en la investigación por soborno, fraude procesal y manipulación de testigos contra el expresidente Uribe y el senador Álvaro Hernán Prada. Su caso, por ahora, seguirá en la justicia ordinaria sin los beneficios de la JEP.
3. ¿Ud está de acuerdo con que sean las Farc quienes deban entregar sus bienes para reparar a las víctimas?
Si es así, ud está #DeAcuerdoConLasObjeciones
Esa afirmación es parcialmente cierta. El debate se ha dado porque algunos dicen que la única forma de reparación no es la entrega de bienes materiales, sino la de contar la verdad. En el acuerdo sí quedó establecido que debe haber una reparación a las víctimas, pero el Gobierno asegura que esto no es claro en el proyecto de ley estatutaria. Sin embargo, lo que no se entiende es que las Farc no hayan declarado bienes que fueron ocupados por la Fiscalía como los 19 que se conocieron esta semana por $ 20.000 millones de pesos.
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La cita textual del proyecto de ley en el artículo 7 señala que “reparar integralmente a las víctimas está en el centro del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera” del 24 de Noviembre de 2016, firmado por el Gobierno Nacional y la organización rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (Farc- EP), por lo que en cumplimiento de dicho Acuerdo Final se procede a regular el funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Pero es verdad que no queda completamente claro que los victimarios deban reparar materialmente a sus víctimas.
