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El Consejo de Estado anuló las resoluciones, (6886 y 4819 de 2023), que le otorgaron la personería jurídica al movimiento político, Poder Popular que fundó el expresidente Ernesto Samper Pizano en 1982, luego de la separación de los líderes del Partido Liberal Colombiano.
La decisión se dio tras una demanda que pidió anular su personería por no reunir las condiciones de unificación para el movimiento, pese a que la colectividad política había pedido la personería jurídica valiéndose de dos acontecimientos que habría considerado como de fuerza para su legalidad.
El Movimiento narró hechos como el atentado que sufrió el expresidente Samper en el año 1989 en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá y el asesinato del exsenador del Partido Liberal, Ricardo Villa Salcedo, ocurrido en 1992.
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Según los argumentos de la Sección Quinta del Consejo de Estado, no hubo acervo probatorio sustentable "que demostrara la existencia de escenarios de violencia grave que hubiesen impedido la participación del partido en los procesos electorales. Por lo tanto, dichos acontecimientos mencionados no habrían presentado afectación para las elecciones".
"La Sala Electoral declara la nulidad de las resoluciones demandadas; comoquiera que, no se demostraron escenarios de violencia grave o extraordinaria e incluso catalogada como de lesa humanidad, que hubiesen impedido la participación y el ejercicio en forma libre de los derechos y las garantías fundamentales del movimiento político Poder Popular", señaló el Consejo de Estado.
Según la demanda, que fue interpuesta por el abogado, Samuel Ortiz Mancipe tales eventos no tuvieron fines políticos, no revistieron la gravedad que se exigió en la SU 257 de 2021, no consolidaron una relación de causalidad directa con la imposibilidad de participar libremente en los certámenes electorales y, tampoco fueron dirigidos con el fin de destruir la colectividad.
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Sin embargo, la Corporación precisó que ha proferido varias decisiones que han estudiado el alcance de la "violencia política", y a partir de ello, se han consolidado diversos razonamientos para resolver los alcances que esta expresión ha tenido en materia judicial.
