Comienza a regir ley de garantías

Durante cuatro meses queda prohibida la contratación estatal.
La intención de las circunscripciones especiales de dar más participación a las etnias acabó convirtiendo a los movimientos políticos en empresas de avales.
La intención de las circunscripciones especiales de dar más participación a las etnias acabó convirtiendo a los movimientos políticos en empresas de avales. Crédito: Colprensa

La ley de garantías electorales, que prohíbe la contratación estatal durante cuatro meses, comenzó a regir este jueves 27 de junio debido a los comicios regionales que se llevarán a cabo en octubre.

A partir de este momento quedará congelada la nómina en las entidades territoriales (municipios y departamentos) y no se podrán celebrar convenios interadministrativos. El objetivo es garantizar la transparencia en las elecciones en las cuales se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.

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Muchos han afirmado que esta norma ya es completamente inútil tras la eliminación de la reelección presidencial, porque paraliza el Estado y la ejecución de las obras en el país.

Aunque el Gobierno Nacional presentó hace algunos meses un proyecto con mensaje de urgencia para eliminar la ley de garantías, la iniciativa se hundió porque no alcanzó a ser aprobada en su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Por tratarse de una ley estatutaria, la propuesta naufraga porque la Constitución establece que debe ser tramitada en una misma legislatura, la cual terminó el pasado 20 de junio.

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El representante Gabriel Santos, presidente de la Comisión Primera de la Cámara, dijo que “al haber sido tramitada como una ley estatutaria, el proyecto que permitía la eliminación de la ley de garantías quedó hundido”.

“Esperamos que se vuelva a presentar porque ya la necesidad no existe, no tenemos una reelección en el país y la ley de garantías es una restricción demasiado agresiva que paraliza la contratación en ciertos aspectos y paraliza la economía nacional”, manifestó.

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Así las cosas, el Gobierno deberá volver a radicar después del 20 de julio este proyecto de ley con mensaje de urgencia, para que pueda ser aprobado antes de finalizar el año.

En caso de que el Congreso le de su visto bueno, la iniciativa deberá pasar a revisión de la Corte Constitucional, lo que quiere decir que la eliminación de la ley de garantías comenzaría a regir a partir del 2022, cuando se lleven a cabo las próximas elecciones presidenciales.


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