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El caso del fiscal de la JEP Carlos Bermeo, quien fue capturado por hechos de corrupción tras recibir un soborno para tratar de evitar la extradición de Jesús Santrich, abrió nuevamente el debate sobre la idoneidad de los funcionarios contratados en la Justicia Especial de Paz.
La presidenta de esa jurisdicción, Patricia Linares, pidió revisar los nombramientos en la Fiscalía de la JEP, a lo cual Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación, dijo que también deberían conocerse mejor las hojas de vida de los funcionarios del tribunal que trabajan directamente con los magistrados.
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La solicitud de Linares se da con el ánimo de establecer la tendencia política de cada una de las personas que trabajan en esa sección de la JEP. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Claudia Linares Prieto, hermana de la presidenta de esa jurisdicción trabaja en la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos desde septiembre del año pasado, entidad que fue creada dentro de los componentes de la Justicia Transicional.
Y no solo eso, muy seguramente la respuesta que el fiscal Álvarez le da a Linares podría estar sustentada en algunos nombramientos que se han hecho en los despachos de los magistrados y en la Secretaría Ejecutiva.
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Por ejemplo, la presidenta tiene como su asesora a Adriana María Lopera Hernández, quien en el 2001 fue secretaria privada del entonces gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, preso hoy por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. También, allí labora Alexandra Paola González, quien perteneció al Partido MIRA y Ana María Olivella López, quien fue asesora de la USPEC, entidad que dirigió la secretaria de la JEP, María Pilar Bahamón.
De igual forma, hay una resolución a través de la cual se nombra como magistrado auxiliar de Alejandro Ramelli, a Hugo Escobar Fernández de Castro, hijo de José Alfredo Escobar, el magistrado que fue polémico por ser amigo del empresario Giorgio Sale.
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Esto corroboraría que algunos de los funcionarios que trabajan para los magistrados también tendrían una corriente ideológica definida, sin que eso signifique que estén inhabilitados para hacer su trabajo.
Recordemos que la Jurisdicción Especial para la Paz es la que tiene en sus manos el caso de este excomandante de las Farc, que según la Fiscalía, habría cometido delitos de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz.
Aunque la JEP solicitó a Estados Unidos las pruebas que demuestran las acusaciones contra Santrich, ese país respondió que dicha información ya se encuentra en el expediente de extradición.
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