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La fiscal Luz Adriana Camargo tiene en sus manos las denuncias de supuestas interceptaciones irregulares a varios magistrados de la Corte Constitucional, entregadas por el mismo presidente del tribunal, José Fernando Reyes, en una reunión privada que se realizó el miércoles 19 de junio en el Palacio de Justicia de Bogotá.
Los funcionarios de la Rama Judicial aseguran ser víctimas de chuzadas a través de los mecanismos de inteligencia del Estado, al percatarse de varias irregularidades, lo que ha generado revuelo en el país que aún recuerda el escándalo de espionaje dirigido desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
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El expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández calificó las denuncias como “muy graves”, pues se atenta contra la institucionalidad y contra los derechos fundamentales de los magistrados.
"Es algo sumamente grave, no solamente para la integridad y la seguridad de las personas que pueden ser objeto de este tipo de ataques, de interceptaciones y de manipulaciones, sino también desde luego para la administración de justicia", dijo el diálogo con RCN Radio.
El abogado aseguró que toda persona tiene el derecho constitucional a la intimidad personal y familiar, por lo que, de confirmarse las interceptaciones, a los responsables debe caerles todo el peso de la ley.
"Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Así que cuando a una persona le interceptan el teléfono o sus comunicaciones privadas, de cualquier manera, están vulnerando sus derechos esenciales y desde luego la comisión de un delito que tiene que ser investigado y sancionado. Es sumamente grave lo que ha ocurrido", puntualizó.
El jurista pidió a la Fiscalía tomar las denuncias "muy en serio, con mayor razón cuando estamos hablando de magistrados que integran una de las altas corporaciones de justicia y concretamente la Corte Constitucional que tiene a su cargo, ni más ni menos, que guarda de la Constitución".
En ese sentido, dijo que no puede pasar mucho tiempo en las investigaciones y que tiene que haber resultados "inmediatos" sobre cómo se ejecutó el supuesto espionaje y quien dio la orden.
"Las autoridades correspondientes y los organismos dentro del mismo Ejecutivo que conocen acerca de la tecnología y los medios de comunicación entre las personas, como por ejemplo los celulares, eso debe ser objeto de investigación. Yo creo que no es tan difícil establecer quién y cómo y por qué ha interceptado", añadió.
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Sobre los motivos de las presuntas chuzadas, descartó que sea por decisiones que ya ha tomado la Corte Constitucional como declarar inexequibles varios de los decretos de emergencia social y económica de La Guajira y más recientemente la creación del Ministerio de la Igualdad. No obstante, dijo que le preocupa que desde el Gobierno se pretenda interferir en decisiones futuras.
"Yo no creo que se refiere a las decisiones anteriores que además con públicas. Lo grave es que puede referirse a la vida personal o familiar del respectivo magistrado, o que se refiera a decisiones que puedan adoptar por parte de la Corte. El problema es con futuras decisiones, pero además con la integridad, la intimidad y la vida de la persona correspondiente, el magistrado respectivo y de su familia. Ahí está la gravedad del asunto", dijo.
