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Diez días después de formular cargos al presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato y abrir una investigación formal a su campaña presidencial de 2022 por la presunta violación de topes electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciará el proceso de notificación a los involucrados.
Luego de elaborar la resolución en la que quedaron consignadas las pruebas recabadas por Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, así como las observaciones de otros magistrados, los implicados serán citados de manera presencial a la sede del tribunal en un término de cinco días hábiles.
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Los citados incluirán al presidente Gustavo Petro, o a su apoderado, y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue su gerente de la campaña. Asimismo, serán convocados María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, quienes actuaron como auditores, así como los representantes legales de los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
Petro, Roa y los demás implicados, no tienen la obligación de asistir a la audiencia y pueden esperar la notificación por correspondencia, lo que podría demorar al menos una semana más el inicio de la etapa formal de la investigación.
Cabe mencionar que tras la notificación, se dará paso a la etapa probatoria en la que los involucrados en la campaña, incluido el presidente Gustavo Petro y su defensa, serán citados nuevamente para entregar las pruebas que desvirtúen el proceso.
¿Qué podría pasar?
Los magistrados investigadores deberán presentar una nueva ponencia a la Sala Plena como resultado de las pruebas recolectadas, para que se proceda con la deliberación y toma de decisiones.
Si la determinación es positiva, el CNE compulsará copias de inmediato a la Comisión de Acusación, que investiga a los aforados constitucionales, para que se inicie el proceso contra el presidente Gustavo Petro. Según el artículo 119 de la Constitución Política de Colombia, el mandatario podría ser declarado indigno para el cargo por el Congreso.
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Mientras tanto, para otros involucrados como Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña de Petro, el expediente se trasladaría a la Fiscalía General de la Nación.
Por su parte, el tribunal establecería sanciones de tipo administrativa contra la campaña y el partido que avaló al candidato, en este caso Colombia Humana, que podría incluso perder su personería jurídica.
