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En el Congreso impulsarán nuevamente una reforma constitucional con la cual se pretende congelar y posteriormente reducir el salario que ganan los congresistas.
A la par de esta iniciativa, el representante Gabriel Santos también impulsará una nueva encaminada a reducir el presupuesto que anualmente se le entrega a los parlamentarios para contratar asesores en su UTL (Unidad de Trabajo Legislativo).
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En la actualidad, cada legislador puede disponer de 50 salarios mínimos legales, es decir, alrededor de 45 millones de pesos (adicionales a su propio sueldo) para conformar su equipo de trabajo, por lo que la propuesta legislativa plantea que dicho monto baje a 30 salarios mínimos.
El representante Santos indicó que como están las cosas, el funcionamiento de las UTL de los 280 congresistas le cuesta al Estado más de 254.000 millones de pesos anuales.
Además, con la llegada de las 16 nuevas curules de paz para las víctimas, la nación estaría gastando más de un billón de pesos durante los próximos cuatro años en el mantenimiento de los asesores de todos los senadores y representantes a la Cámara.
En caso de que se apruebe la iniciativa, el país podría ahorrarse más de 100.000 millones de pesos cada año, lo cual representaría el 75% del plan de austeridad que quiere implementar el Gobierno reduciendo gastos de personal, que asciende a 140.000 millones de pesos.
En caso de que el proyecto de acto legislativo que pretende rebajar el sueldo de los parlamentarios también sea una realidad, el ahorro que tendría anualmente el Estado sería de más de 150.000 millones al año.
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“Esta propuesta tiene mayor impacto en austeridad que la misma reducción del salario de los congresistas tan aclamada por los ciudadanos, y que por supuesto yo apoyo. Debemos reducirle el sueldo a los Congresistas pero también la asignación a su equipo de trabajo para lograr un ahorro de $150 mil millones de pesos cada año, solamente en el Congreso, desde donde debemos dar ejemplo”, indicó Santos.
Adicionalmente, en el Congreso está haciendo trámite un acto legislativo con el cual se busca reducir las vacaciones de los congresistas y garantizar que la mayor parte del año legislen en favor de la ciudadanía.
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