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El pasado 16 de octubre la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto que unifica los periodos del Gobierno Nacional con los mandatos de alcaldes y gobernadores del país.
Para ello, se plantea ampliar por dos años más los periodos de los actuales mandatarios locales, con el fin de que la reforma pueda aplicar a partir del año 2022.
Frente a esto, múltiples han sido las reacciones y criticas de diferentes sectores del país. Una de ellas fue de la Misión de Observación Electoral (MOE), que argumenta que la medida tiene bastantes inconsistencias en términos presupuestales.
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Según la organización, para la fecha en que el Acto Legislativo sea aprobado en el Congreso, que sería a mediados de 2019, ya se habrán firmado todos los contratos necesarios para organizar las elecciones de ese año (software de inscripción de cédulas, jurados y escrutinios; material electoral, difusión de resultados, entre otros) lo que llevaría a una gran pérdida presupuestal.
Otro de los grandes riesgos, según Barrios, es que con la implementación del proyecto se cerrarían las opciones para grupos minoritarios o de oposición. “La propuesta de la reforma política en trámite apuesta por un sistema político cerrado, en el que las fuerzas más consolidadas ganan tanto a nivel nacional como local, minimizando así las posibilidades de alternativas minoritarias”, aseguró Barrios.
Para la organización, este proyecto pondría en riesgo la autonomía territorial, dado que las agendas presupuestales y políticas nacionales terminarían consumiendo las agendas locales.
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Asimismo, con respecto al proyecto de reforma política que se debate en el Congreso, la MOE advirtió que esto tiene el riesgo de fragmentar en exceso las organizaciones políticas existentes.
“Las propuestas frente al tema de la institucionalidad electoral son positivas, aunque es necesario modificar algunos aspectos de la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE), principalmente el que se refiere al número de integrantes”, indicó Barrios.
Para la directora, lo ideal es tener una arquitectura con un Tribunal Electoral, manteniendo un espacio donde estén representadas todas las organizaciones políticas.
Finalmente, la MOE alertó sobre las consecuencias del artículo que permite dividir los partidos políticos que actualmente hay en el Congreso. De acuerdo con el proyecto, por una sola vez, el 25% de cualquiera de las bancadas del Senado o de la Cámara puede crear un nuevo partido político con personería jurídica.
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Es decir que bancadas como las del partido Farc -que en el Senado tienen cuatro integrantes- podrían crear cuatro nuevas organizaciones políticas, una por congresista.
Barrios explicó que, en total, de los 16 partidos políticos que existen hoy en el Congreso, podrían pasar a 81, generando una crisis política que iría en contra de los principios democráticos.
