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El Consejo Gremial Nacional (CGN) expresó su preocupación por la expedición del Decreto 044 de 2024, suscrito por los ministerio de Ambiente y Minas y Energía.
Este decreto establece criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal, en el marco del ordenamiento minero ambiental.
El Consejo argumenta que este decreto genera “mayor incertidumbre para la actividad minera en Colombia y atenta contra su continuidad y desarrollo”.
Según el CGN, la norma podría desestimular la inversión en las regiones, impactando las oportunidades de empleo y su desarrollo.
“En este escenario ningún proyecto, indistintamente del tamaño y mineral podrá recibir autorización para desarrollar actividades en las áreas temporales que se definan”, señala el Consejo.
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Además, advierten que la norma podría generar un alto riesgo de demandas para el Estado y una pérdida de cohesión social en las zonas donde los proyectos en curso tengan que suspender sus operaciones.
"Esto tendría un impacto inmediato en el empleo, en la adopción de medidas ambientales para una clausura ordenada de la actividad, en el pago de impuestos al gobierno, en la continuidad de programas sociales locales y en el cumplimiento de compromisos contractuales nacionales e internacionales de los proyectos, de suministro de minerales", agregó el CGN.
Sumado a esto, el Consejo critica la interpretación del fallo del Consejo de Estado que justifica la expedición del Decreto, argumentando que las decisiones proferidas en el fallo no sugieren que las áreas protegidas se declaren desconociendo los lineamientos que la Constitución Política ha establecido para ello, como lo son el rigor científico, la participación ciudadana y la reserva de ley.
“Cabe anotar que dicho tribunal fue enfático en reiterar la importancia del desarrollo sostenible y no establecer estados de moratoria minera”, agrega el Consejo.
Además, el Consejo Gremial Nacional señala que el Decreto 044 de 2024 vulnera el derecho fundamental a la participación y desconoce los criterios para la declaración de reservas de recursos naturales.
Argumenta que la nueva norma, a pesar de tener un rango inferior, desconoce los lineamientos que establecen los artículos 34 y 35 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) para la exclusión y restricción de zonas de la minería. Además, se ignoran los criterios para la designación de áreas protegidas establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y los procedimientos para la Declaratoria de Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
El Consejo también critica que el Decreto rompe con la autonomía de rango constitucional de las Autoridades Autónomas Regionales y contraría la estructura del Sistema Nacional Ambiental.
"Este Decreto, sumado a las iniciativas legislativas de creación de la empresa colombiana de minería – EcoMinerales y al proyecto de la Nueva Ley Minera, buscan inviabilizar el desarrollo de una actividad constitucionalmente permitida, reglada y que aporta de manera significativa a las finanzas públicas, para pasar a un modelo minero sujeto a amplía reglamentación por parte del Gobierno, centralista, priorizado para el consumo interno, y subsidiado por el Estado".
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Finalmente, el Consejo Gremial Nacional hace un llamado al Gobierno Nacional para que se tengan en consideración los anteriores argumentos y adopte los correctivos y aclaraciones que permitan fortalecer y ratificar los principios de estabilidad jurídica, libertad de empresa, respeto de los derechos adquiridos, al tiempo que promueva la participación real, incidente y efectiva de la ciudadanía.
