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Las Comisiones Segundas de Senado y Cámara de Representantes destrabaron la discusión del proyecto de ley con el cual se pretende acoger el Acuerdo de Escazú para la protección del medio ambiente.
Aunque se tenía previsto que este jueves se avanzara en la votación en primer debate, la iniciativa tuvo que aplazarse por falta de tiempo, toda vez que la plenaria del Senado abrió registro y las Comisiones se vieron obligadas a levantar la sesión.
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Como el proyecto no fue anunciado en la sesión de hoy, las mesas directivas tendrán que reunirse para fijar una nueva fecha en la que se citará a la votación del proyecto, que no podrá ser antes de este sábado 19 de junio.
Durante la discusión se escucharon posiciones de lado y lado sobre la iniciativa. El Gobierno, a través del ministro de Ambiente, Carlos Correa, y la Cancillería, se mostró a favor del acuerdo diciendo que el mismo se da cumplimiento de los compromisos internacionales.
El senador Antonio Sanguino, quien presentó ponencia positiva, indicó que con esta iniciativa se garantiza la protección de los ecosistemas y de la vida, promueve el acceso a la información, brinda seguridad para los derechos de los ambientalistas y cumple los compromisos frente al crecimiento verde.
“El acuerdo no afecta para nada la soberanía de Colombia al igual que otros tratados ratificados por el país. El artículo 19 reconoce la soberanía de cada Estado firmante y establece la opción y no la obligación de acudir a la Corte Internacional de Justicia cuando se presente un conflicto con otro país”, indicó.
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Sin embargo, quienes están en contra de este proyecto de ley, consideran que el tratado de Escazú sí atenta contra la seguridad jurídica y constitucional del país y afecta la puesta en marcha de proyectos productivos y generación de empleo.
El representante Juan David Vélez, quien lidera la ponencia negativa, indicó que “se evidencia la posibilidad de un choque en la seguridad jurídica del país, que no ha sido desvirtuada y que genera una preocupación enorme porque el propósito loable en la protección del medio ambiente no nos puede llevar a cometer errores jurídicos”.
“El estudio ha permitido que se genere una incertidumbre en la oportunidad de desarrollo económico sostenible que requiere Colombia, que se puede lograr es con la normatividad existente en el país”, añadió.
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Adicionalmente, algunos congresistas se mostraron preocupados por la reforma que tendría que hacerse sobre los procedimientos contenciosos administrativos y por la posibilidad de que lo concerniente a la protección de los derechos humanos quede incluido en el bloque de constitucionalidad, lo que le daría jurisdicción a la CIDH en estos asuntos.
El presidente de la Comisión Segunda de Senado, Juan Diego Gómez, anunció que en las próximas horas se reunirá con los secretarios de las dos corporaciones para definir las nuevas fechas en las que se anunciará y se votará el proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú.
