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Con 53 votos contra nueve, la plenaria del Senado de la República aprobó la reforma al Código Disciplinario, con la cual se busca ajustar la legislación al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Gustavo Petro.
La iniciativa fortalece los poderes que tiene la Procuraduría General de la Nación, le otorga funciones jurisdiccionales y de policía judicial y se le otorgan facultades al presidente de la República para reformar la planta de personal de esta entidad.
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El senador Fabio Amín, coordinador ponente del proyecto, afirmó que la aprobación del mismo evitará que miles de procesos queden en la impunidad.
“Si no aprobamos esta ley, se echan a la caneca cerca de 10.000 procesos disciplinarios adelantados contra alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales, diputados. El país tuvo oportunidad de conocer que de no aprobarse la norma y entrando en vigencia la ley 1952 que es el Código General Disciplinario, se pierden competencias en cerca del 80% de los 13.00 procesos que adelanta la entidad”, indicó.
Sobre las facultades jurisdiccionales y de policía judicial, Amín explicó que “hoy la Procuraduría tiene funciones de policía judicial y lo que hacemos nosotros es impedir que sean delegadas y las acotamos solo en cabeza del procurador general, de su despacho”.
La senadora Paloma Valencia indicó que la reestructuración de la Procuraduría no puede incluir la creación de más burocracia en esa entidad.
“No se pueden generar cargos en ninguna entidad pública, todos los recursos deben ser destinados a atender a los colombianos pobres y a la generación de empleos (…) Si la Procuraduría tiene actualmente 4.300 cargos, lo lógico es que se rediseñe toda la planta”, sostuvo.
La oposición indicó que este proyecto le otorga poderes exagerados al Ministerio Público que le permitirían al procurador perseguir políticamente a los opositores.
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La senadora Angélica Lozano manifestó que “son exorbitantes las facultades jurisdiccionales a la Procuraduría porque no son excepcionales, no tienen reglas. Este proyecto va a generar una sanción al Estado colombiano y es una amenaza a los servidores públicos”.
El senador Gustavo Petro insistió en que con este proyecto se está incumpliendo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y advierte que se está incumpliendo el compromiso de adecuar la legislación a la Convención Americana.
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