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La reciente sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que impone ocho años de sanción restaurativa a siete exintegrantes del Secretariado de las Farc por el delito de secuestro, sin que haya privación de la libertad ni cárcel para ninguno de ellos, ha sido recibida con profunda indignación en Risaralda.
Para quienes perdieron familiares o fueron víctimas dentro del conflicto armado colombiano, delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada, el secuestro, la tortura y el homicidio, no se corrigen con monumentos, actos simbólicos o memorias colectivas, pues exigen que haya una verdad real, una reparación tangible y una justicia efectiva.
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Eisenhower Djanón Zapata, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, expresó que las sanciones, aunque comprenden actos de memoria y reparación simbólica, no bastan. “¿Qué recibirán esas víctimas directas?”, preguntó, recordando que se reconocen miles de secuestros, miles de desaparecidos, pero sin garantías reales para las familias afectadas.
En su opinión, Djanón Zapata asegura que la decisión de la JEP deja muchas preguntas abiertas sobre el alcance de la reparación.
Otro punto que ha agravado el rechazo es la posibilidad de que los condenados conserven sus derechos políticos, lo que para muchas víctimas representa una contradicción insostenible entre sanción y responsabilidad.
Según la información conocida hasta este momento, los excomandantes de las Farc sí podrán participar en política, dado que la normativa transicional vigente no restringe esa participación pese a que haya en curso una sentencia restaurativa.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, organizaciones de víctimas y críticos, señalan además que la JEP tardó más de siete años en emitir este fallo, lo que alimenta la percepción de justicia lenta y parcial, por lo que diferentes actores políticos han calificado esta respuesta judicial como “simbólica” y una afrenta para quienes esperaban más rigor y consecuencias reales para los victimarios.
