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La Fiscalía acusó ante el juzgado cuarto penal especializado de Bogotá al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Olmedo López, a Sneyder Pinilla y otros tres de los primeros implicados en el escándalo de corrupción que se originó en la Ungrd.
En la misma diligencia la Fiscalía acusó por este escándalo al contratista Luis Eduardo López, conocido como "El Pastuso" al igual que a Pedro Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto.
La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, le hizo una serie de correcciones y modificaciones al escrito de acusación, tras los preacuerdos logrados con estos implicados.
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Como parte de estas modificaciones la Fiscalía eliminó el delito de peculado por apropiación agravado, debido a que este cargo fue objeto del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y los procesados.
Igualmente, precisó que la acusación por el delito de concierto para delinquir agravado sólo recae en contra de Luis Carlos Barreto Gantiva.
La Fiscalía aclaró que además del contrato que se le atribuyó a Olmedo López y a Sneyder Pinilla, referente a la adquisición de tanques de almacenamiento por un valor de 6.558'380.720 millones de pesos, adicionó un total de ocho órdenes de proveeduría y contratos.
También se elimina a Julio Elías Chagüi Flórez, debido a que el Congresista no hace parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Salpicado
La fiscal del caso destacó el papel relevante que tendría en todo este entramado de corrupción el entonces ministro de hacienda Bonilla, en el supuesto direccionamiento de tres contratos por 92.000 millones de pesos que pretendían beneficiar a seis congresistas para que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno Nacional.
“Coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, entre los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes del Congreso de la República, Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya”, dijo la fiscal.
Igualmente, en esta audiencia aparecieron otros nombres de funcionarios como es el caso de César Augusto Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, salpicado con la celebración de contratos que según la fiscal fueron financiados con cien mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras.
Empresa criminal
De acuerdo con las pruebas, la Fiscalía estableció como está empresa criminal de la que hicieron parte de los acusados cometió un gran desfalco a dicha entidad.
“La organización delincuencial se estructuró con una división de trabajo preacordada, en razón de la cual, cada uno de sus integrantes desarrolló un rol específico e indispensable en el suceso”, señaló la fiscal delegada.
Así mismo, sostuvo la fiscal: “esta estrategia le permitió a la organización criminal asegurar que la empresa a la cual se adjudicaba la orden de proveeduría le perteneciera un empresario, quien a cambio de ello pagaría la coima pactada. Igualmente, le permitió controlar el precio del contrato, puesto que su valor se establecía del promedio de las tres cotizaciones enviadas por las empresas controladas por el contratista previamente elegido”.
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Perdón
Por medio de dos cartas dirigidas al juez, las víctimas y la ciudadanía, tanto Olmedo López y Sneyder Pinilla pidieron nuevamente perdón por el grave daño causado al país en torno a estos hechos. Este último reconoció que se equivocó de la peor manera, al obedecer a poderosos y terminar inmerso en la estructura criminal que se originó en la Unidad de Gestión del Riesgo.
José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, aseguró que su cliente ha entregado pruebas contundentes que han llevado a varios implicados a aceptar cargos, asumió su responsabilidad para reparar el daño causado al país y ha iniciado el reintegro de los recursos públicos.
De igual forma, el abogado Moreno hizo un nuevo llamado para reclamar que se le refuerce la seguridad a Olmedo López y a su familia tras las amenazas de que ha sido objeto en el marco de su proceso de colaboración con la justicia.
