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Luego de la audiencia que inició este primero de marzo y en la que el juzgado de Ejecución de Penas de Justicia y Paz de Bogotá está definiendo si le otorga o no la libertad a prueba a Salvatore Mancuso, la Procuraduría General de la Nación solicitó restricciones de movilidad en el territorio nacional al exjefe paramilitar como garantía a los derechos de las víctimas.
Así mismo, se destacó que si no se fijan dichas limitaciones en sus desplazamientos, se traduciría “claramente en una afrenta al reconocimiento de los derechos de las víctimas y un nítido camino a la revictimización”.
Cabe mencionar que el tribunal de Justicia y Paz le extendió a Mancuso la limitación de movilización a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira, así como a los municipios antioqueños de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó, en donde tuvo lugar su accionar criminal.
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Además, la Procuraduría precisó que no se le puede conceder de manera inmediata la libertad a prueba, mientras no comparezca ante las salas de Justicia y Paz de Bogotá y Barranquilla, donde también cursan procesos en su contra.
El Ministerio Público aseguró que la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del Gobierno Nacional no puede afectar bajo ningún punto de vista los compromisos asumidos con las víctimas en la jurisdicción de Justicia y Paz.
Del mismo modo, la Coordinadora Nacional de Justicia y Paz del órgano de control indicó que esa designación “en manera alguna puede soslayar y diluir las obligaciones y compromisos con el proceso de Justicia y Paz, principalmente porque su núcleo es y seguirán siendo las víctimas”.
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El tema de la libertad a prueba del exjefe paramilitar se discutió en años anteriores en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, donde se decidió que Salvatore Mancuso cumplía los requisitos para acceder a esa medida, que no se le había otorgado porque no estaba en el país.
