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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la decisión del Tribunal Superior Judicial del Distrito de Santa Marta de fallar a favor, la tutela que amparaba los derechos fundamentales del alcalde Rafael Alejandro Martínez, en el proceso que se sigue en su contra, por presunta corrupción administrativa en la contratación para la remodelación de cinco puestos de salud de la ciudad.
La providencia tiene relación con la decisión del Tribunal de Justicia de Santa Marta, que dejó sin piso jurídico la medida de aseguramiento que pesaba sobre el mandatario samario.
El alcalde electo, Rafael Martínez, fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliario el pasado 21 de marzo, mediante orden del Juez Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Alexánder Vila Farelo, fallo apelado por los abogados del mandatario.
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Posteriormente en el trámite jurídico, el Juzgado Penal no resolvió el recurso de apelación impetrado debido a la congestión del sistema judicial, situación que para la defensa del alcalde imputado implicaría una violación al debido proceso, por lo que interpuso una acción de tutela.
El Juez Segundo Penal, José Alfredo Gutiérrez, resolvió a favor de Rafael Martínez y dejó sin piso la casa por cárcel que pesaba sobre el mandatario distrital, ordenando su libertad inmediata el 22 de julio del presente año.
De acuerdo a la Corte, la decisión del Juez no cumplió con la obligatoriedad de los turnos en las sentencias.
En este sentido, según el comunicado de la Corte Suprema, “solo cuando medien, circunstancias excepcionalísimas, podría alterarse ese mecanismo por vía de tutela”.
Igualmente, agrega la Corte, “habida cuenta que, si bien se ha dilatado la resolución del recurso de apelación, la mora en que ha incurrido el despacho accionado fue debidamente justificada”.
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La ponente de la impugnación al fallo de tutela, es la magistrada Patricia Salazar Cuéllar.
El pronunciamiento deja sin fundamento jurídico la libertad de Rafael Martínez y su retorno a la alcaldía, no obstante queda en manos de la Corte Constitucional, decidir si ratifica el presente expediente.
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