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La Fundación para la Libertad de Prensa rechazó la decisión que adoptó el Juez Primero Penal Municipal de Tumaco de otorgarle la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Ángulo Arboleda, alias ‘Cherry’, quien estaría involucrado en el secuestro y asesinato de los periodistas del diario El Comercio de Ecuador.
El individuo está siendo judicializado por los delitos de secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir y homicidio de los periodistas Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas en hechos registrados entre marzo y abril de 2018.
“Javier, Paúl y Efraín desarrollaban labores periodísticas sobre la compleja situación de orden público en la zona fronteriza, caracterizada por la ausencia de institucionalidad por parte de los dos Estados. Dos años después, la frontera continúa siendo una zona silenciada para el periodismo y el esclarecimiento del crimen del equipo periodístico de El Comercio parece lejano”, expresó la Flip.
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Continuó además, asegurando la Fundación para la Libertad de Prensa, "en el caso de Angulo Arboleda, la administración de justicia ha actuado con lentitud, presentado retrasos excesivos en la programación de las audiencias. Esto deja ver que pese a la gravedad de los hechos, superar el estado de impunidad no es una de las prioridades del Estado colombiano".
El pasado mes de junio, quedó también en libertad Gustavo Alonso Ospina Hernández alias ‘Barbas’.
Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas una de las víctimas del secuestro y homicidio, aseguró que luego de las reacciones que a nivel mundial generó lo sucedido; la justicia no actúa y todo parece quedar en la impunidad.
“No es menos que indignante el saber y conocer que la justicia no se está dando y no existe en este caso en Colombia. En las reuniones que nosotros tuvimos en Washington con la CIDH el compromiso del Estado fue ese; darle seguimiento, celeridad, a este caso que ha sido emblemático a nivel regional. Lamentablemente no hemos visto los resultados”, señaló Rivas.
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En ese sentido para, “Fundamedios, la FLIP y los familiares de las víctimas, esto es una señal clara del riesgo de impunidad que permea este caso, por ello hacen un llamado para que los estados de Colombia y Ecuador reafirmen su compromiso y adopten las recomendaciones sugeridas por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH”.
Debido a esto, pidieron a la Fiscalía General y al Consejo Superior de la Judicatura, priorizar la investigación por estos crímenes y garantizar que haya justicia, de acuerdo a los lineamientos internacionales.
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