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En una decisión de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Ministerio de Defensa entregar a la congresista Katherine Miranda la información relacionada con los perfilamientos de los que fue víctima junto a otras 200 personas, entre ellas periodistas, políticos y defensores de Derechos Humanos, por parte de inteligencia del Ejército Nacional.
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Los magistrados del Tribunal confirmaron el fallo de tutela de primera instancia emitido por el Juzgado 60 Administrativo del Circuito de Bogotá, que ordenaba un plazo de 48 horas al Ministerio para que suministrara a la representante a la cámara por el partido Verde, la información requerida sobre esas actuaciones irregulares.
Con este fallo de tutela, el Ministerio deberá dar respuesta satisfactoria a la congresista a una serie de interrogantes planteados en un derecho de petición, con relación a la documentación denominada "Trabajo especial N.01" sobre todos los perfilamientos, además de tener que revelar de dónde surgieron los recursos para financiar este programa de seguimiento entre 2019 y 2020.
“No puede perder de vista el Ministerio de Defensa Nacional, que quien hace la petición es una representante a la Cámara por Bogotá y por lo tanto, la información que esta solicita no solo la requiere en ejercicio de su derecho fundamental de petición, sino para poder ejercer el control político que al legislativo corresponde respecto del ejecutivo; por tanto, las respuestas deben ser suficientemente claras a fin de no entorpecer tal propósito”, señala unod e los apartes del fallo de tutela del Tribunal.
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Por su parte, la congresista celebró la decisión e indicó que espera que el Ministerio de Defensa finamente acate las decisiones de los jueces y le entregue la información requerida sobre ese escándalo.
“Hace poco más de un mes un juez de la República le ordenó al Ministerio de Defensa responder oportunamente y de fondo mi solicitud de información sobre los nombres de las personas, congresistas, líderes sociales, periodistas que fueron objeto de seguimientos e interceptaciones ilegales por parte de la inteligencia del Ejército Nacional”, manifestó la congresista.
La representante sostuvo que “lamentablemente tras tres meses y medio, el Ministerio de defensa continúa sin resolver de fondo todos mis requerimientos, por lo que recurriré a todas las acciones jurídicas disponibles para que el Ministerio le entregue al país toda la información relacionada con las chuzadas”.
Este fallo de tutela fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
