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La justicia por mano propia se ha convertido en un fenómeno que ha aumentado considerablemente en el país, reflejado por la creciente desconfianza que tienen los ciudadanos en las autoridades y en el sistema judicial.
Esa situación, que muchos ciudadanos defienden como un "derecho" frente a la inseguridad, plantea serios retos legales.
Un ejemplo reciente ocurrió la semana pasada, cuando un hombre en un vehículo de alta gama arrolló a dos hombres que le habían robado su celular y le ocasionó la muerte a uno de los delincuentes.
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Este incidente se suma a otro hecho similar registrado en el sector de San Andresito de la 38, donde una multitud enfurecida linchó a una pareja de ladrones, causando la muerte de uno de ellos.
Casos similares se presentaron en Timiza (Kennedy), donde la comunidad capturó a dos ladrones de autos, los desnudó y quemó su ropa.
Alejandro Benavides, doctor en Derecho, Ciencia Política y Criminología y secretario general de la Universidad Manuela Beltrán, advirtió que la justicia por mano propia puede traer graves consecuencias legales, al tiempo que agregó que desde la perspectiva del Derecho, esas actuaciones no son legítimas.
El experto explicó que el ordenamiento jurídico colombiano no reconoce la 'justicia por mano propia' y que por el contrario, esas acciones son consideradas delitos ya que el Estado es el único ente autorizado para ejercer la fuerza y administrar justicia.
"La justicia por mano propia implica que la comunidad, sin recurrir a las autoridades, castiga a presuntos delincuentes mediante acciones ilegales. Aunque la ley colombiana contempla el ‘estado de necesidad’ y la ‘legítima defensa’, estos conceptos están sujetos a estrictos requisitos para ser considerados legales", dijo.
Agregó que "la legítima defensa, por ejemplo, solo se reconoce cuando una persona actúa para proteger su vida o la de otro, ante un peligro inminente, y la acción debe ser proporcional al riesgo enfrentado".
Señaló que el incumplimiento de estos requisitos puede llevar a que quienes practican la justicia por mano propia, enfrenten consecuencias penales por delitos como lesiones personales, intento de homicidio u homicidio y con penas que pueden superar los 40 años de prisión.
Benavides enfatizó que esas acciones no solo contravienen la ley, sino que también reflejan un problema más profundo en la sociedad, como la inclinación hacia la violencia para responder ante la inseguridad y la delincuencia.
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Otros expertos concluyeron que "ese fenómeno también tiene una dimensión psicológica que revela el comportamiento violento de los ciudadanos cuando se enfrentan a situaciones de riesgo. Esta tendencia a tomar la justicia en sus propias manos, no solo agrava el problema de la inseguridad, sino que también desafía la capacidad del Estado para mantener el orden y proteger los derechos de todos los ciudadanos".
