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La Procuraduría General radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley que reforma las sanciones a funcionarios públicos de elección popular, en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor del exalcalde Gustavo Petro.
En ese fallo internacional, la Corte IDH condenó a Colombia por la destitución de Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá en el 2013, cuando el procurador de la época era Alejandro Ordoñez.
El proyecto de ley plantea fortalecer las garantías de los servidores públicos elegidos popularmente.
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En ese sentido, la Procuraduría propone ampliar sus funciones en lo relacionado con el área disciplinaria, “lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad”.
También propone que “las etapas de investigación y juzgamiento dentro del proceso disciplinario sean atendida por diferentes funcionarios”, con el fin de lograr que quien investigue no sea el mismo que juzgue.
Así mismo, se plantea una doble instancia disciplinaria, es decir que propone la creación de una sala de juzgamiento disciplinario.
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“El presente proyecto fortalece y profundiza las garantías constitucionales ya existentes para los disciplinados, propugnando por la autonomía e independencia de los servidores públicos que tendrán a cargo en lo sucesivo los procesos disciplinarios, cumpliendo así con los estándares internacionales, contenidos en la decisión proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló la procuradora Margarita Cabello Blanco.
Según cifras de la Procuraduría, a la fecha se adelantan 12.142 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular, entre ellos: 8.138 alcaldes, 3.108 concejales, 644 gobernadores, 163 diputados, 38 ediles, 30 representantes a la Cámara y 21 senadores
