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La Procuraduría General le solicitó formalmente a la Sección de Apelaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revisar el auto por el medio del cual se avaló el sometimiento a esa justicia especial del coronel (r) Byron Carvajal.
El Ministerio Público asegura que en la revisión se deberá tener en cuenta la gravedad por los hechos por los que ha sido condenado en la justicia ordinaria el oficial en retiro, así como analizar si estas conductas tuvieron una relación directa con el conflicto armado interno.
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En uno de los apartes de la solicitud se citan los detalles de la masacre de Jamundí registrada el 22 de mayo de 2006, y en la cual diez integrantes de la Policía Nacional y un informante fueron atacados por un grupo de militares comandados por el coronel Carvajal cuando adelantaban un operativo en contra de organizaciones dedicadas al narcotráfico en esa región del país.
En este sentido señala que las pruebas recolectadas evidenciaron que en este caso no se presentó “un fuego amigo” o un “accidente” como se manifestó en su momento, sino que se trató de un ataque premeditado ordenado por el coronel del Ejército, quien tenía una estrecha relación con los narcotraficantes del Valle del Cauca.
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Para la Procuraduría General, estos hechos están muy lejos de ser considerados actos relacionados con el conflicto armado, puesto que se trató de un plan ilegal orquestado por Carvajal en contra de integrantes de la Fuerza Pública.
“(Son) actividades irregulares, contrarias al ejercicio de sus funciones y dan respuesta a acciones ilegales cometidas al servicio de una red delincuencial organizada con ánimo de lucro”, precisa la petición de la Procuraduría.
El órgano de control disciplinario, los hechos materia de análisis no entran en la categoría de actividades “dentro del marco de una operación de guerra contra otro grupo armado” protagonista del conflicto, sino contra agentes de la Fuerza Pública.
Recuerda la Procuraduría, que con el fin de evadir la acción de las autoridades se alteró la escena del crimen para que pareciera una embestida de un grupo armado ilegal. Igualmente, se adelantaron las acciones necesarias para que se realizara el reconocimiento de las víctimas y de la zona en cuestión mientras se borraban las evidencias.
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Igualmente se presentó documentación falsa para justificar el ataque y así desviar la investigación. Para la Procuraduría, este caso no entra en la órbita de la JEP por lo que pide que el caso siga en la justicia ordinaria.
Por estos hechos, el coronel Carvajal fue condenado a 54 años de prisión por un juez de Cali en el año 2008 por su participación y responsabilidad en la conocida Masacre de Jamundí ocurrida a finales de mayo de 2006. Sin embargo, dos años después la Sala Penal del Tribunal Superior del Valle del Cauca le rebajó la pena a 29 años.
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