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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cuatro exfuncionarios de la administración del exalcalde Daniel Quintero, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Metroparques y el Inder Medellín.
De acuerdo con el Ministerio Público, los investigados son Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector de gestión administrativa y financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora del Inder; y Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerentes de Metroparques.
Según la Procuraduría, presuntamente, los cuatro ordenadores del gasto público celebraron contratos entre las tres entidades sin contar con requisitos necesarios, como la experiencia; además, la invitación habría sido privada y no bajo licitación pública, como era el deber.
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La Procuraduría General de la Nación catalogó las actuaciones como culpa gravísima. Hay que indicar que, en octubre de 2024, la Fiscalía imputó a la exdirectora del Inder, Diana Paola Toro Zuleta por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
De acuerdo con la entidad, la procesada suscribió en el año 2020 un contrato por 21.000 millones de pesos con Jorge Lievano, gerente de Metroparques; sin embargo; el contrato fue ejecutado presuntamente por una empresa privada.
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Sobre Jorge Liévano, exgerente de Metroparques, hay que indicar que fue imputado por la Fiscalía General de la Nación en enero de 2024, debido a presuntas anomalías en la gestión del Presupuesto Participativo (PP) relacionado con la recreación en el año 2020.
Sobre los dos exfuncionarios, hay que recordar que la Personería Distrital de Medellín formuló en abril del 2025 pliego de cargos por presuntas irregularidades en la celebración de contratos estatales.
De acuerdo con la Personería, se presume que los dos exfuncionarios vulneraron los principios de transparencia y selección objetiva, al realizar la contratación de manera directa en vez del proceso de licitación pública. Adicionalmente, se investiga una adición a dicho convenio por $91.679.696, cuya justificación legal es cuestionada.
