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La expectativa por las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue larga. A finales de 2023, en los pasillos del Tribunal Para la Paz y las Salas de Justicia se movía la idea de que el año siguiente fuese el indicado, pero afuera primaba la desconfianza.
En 2024 la magistratura se atrevía a hablar públicamente de que las sentencias estaban "cerca". De hecho, la JEP comenzó a implementar sus sanciones propias para máximos responsables que reconocían su responsabilidad, como forma de redimir parte de su pena.
No fue hasta 2025 que el Tribunal lanzó sus primeras decisiones concretas, siete años desde su creación. Una sentencia restaurativa para el último secretariado de las Farc por más de 21.000 secuestros, otra para doce exmilitates por 'falsos positivos' y una sentencia adversarial.
La tercera de las determinaciones se hizo pública el 19 de diciembre. La Sección de Ausencia de Reconocimiento condenó a veinte años de prisión al coronel retirado Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, por al menos 72 muertes falsamente presentadas como bajas en combate.
Mejía, jefe del Batallón de Artillería No. 2 entre 2002 y 2003, tuvo una carrera en ascenso hasta 2007, cuando el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lo retiró de las filas castrenses. Le pesaban acusaciones por alianzas con paramilitares, ejecuciones de civiles y alteración de informes.
Diez años después, con Santos como presidente, Mejía estaba capturado. Firmó un acta con la que se sometió a la JEP, lo que causó que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara su libertad. Desde entonces, debía responderle a la justicia transicional.
La Jurisdicción recibió informes de víctimas, oenegés, entidades públicas, autoridades judiciales y operaciones militares, así como expedientes que agrupaban cientos de folios. En 2021, imputó a quince militares como máximos responsables de crímenes de guerra en el Caribe.
Mejía estaba en la lista, pero, a diferencia de la mayoría de los implicados, no reconoció su responsabilidad. Su pronunciamiento implicó el cierre de la "etapa dialógica", la fase en la que las víctimas confrontan a la magistratura y a los culpables para una ruta restaurativa.
El siguiente paso fue un juicio adversarial, que se aleja de los beneficios de la justicia restaurativa para asemejarse a una causa penal ordinaria, que implica cárcel. El coronel retirado dejó de ser compareciente y se tornó en acusado, tras un proceso que la UIA adelantó desde 2022.
Del sometimiento a la JEP al juicio adversarial
Mejía se desmarcó de los cargos en su contra verbalmente y por escrito. La Sección de Ausencia de Reconocimiento, protagonista por imponer medidas cautelares más que por procesar a actores del conflicto, lideró un juicio que se extendió por ocho meses.
La UIA acusó a Mejía en 2023. Parte de las víctimas pertenecía a comunidades indígenas, así que la mera notificación de la acusación se prolongó por cerca de medio año, mientras se traducía todo y se acumulaban respuestas de familiares de personas asesinadas o desaparecidas.
A puerta cerrada se decía que, por el avance del caso, lo más probable era que la sentencia de Mejía saliera antes de las restaurativas, porque los exjefes de las Farc —Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y otros cinco exguerrilleros—, aunque admitieron sus crímenes, interponían sendos recursos.
No ocurrió así. El 16 de septiembre la Sección de Reconocimiento de Verdad impuso penas restaurativas para los exFarc, y dos días después hizo lo mismo con los cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados de La Popa que admitieron sus crímenes y apuntaron a Publio Hernán Mejía.
La Sección de Ausencia escuchó a 54 testigos, analizó más de 329.000 folios, escuchó unas 299 horas de grabaciones, registró 35 expedientes —incluyendo dos condenas que sumaban unos cuarenta años de cárcel para Mejía— y emitió doscientas órdenes de policía judicial.
El resultado fue contundente: veinte años de prisión para el excomandante, la máxima pena que contempla la JEP para la ruta adversarial. El coronel, dice la justicia, lideró un "ilegal aparato organizado de poder" en La Popa que se alió con estructuras paramilitares y acribilló a civiles.
Publio Hernán Mejía dejó de ser "un militar que salvó de los grupos armados al departamento del Cesar", como lo calificaba su defensa, y se trocó en el primer militar sancionado tras las rejas desde que el Acuerdo de Paz de 2016 diseñó a la Justicia Especial.
La sentencia recogió 34 asesinatos que el frente paramilitar Mártires del Cesar, del bloque Norte de las Autodefensas, les presentó a uniformados a cargo de Mejía. Los miembros del batallón simulaban combates y presentaban los cadáveres como bajas de operaciones militares.
Entre las personas asesinadas o desaparecidas había disputas por herencias, rencillas entre vecinos, transportadores de mercancía y señalamientos de pertenecer a la guerrilla. Los paras tenían acceso casi preferencial a La Popa y participaban en la planeación de operaciones.
El engranaje que terminó en asesinatos para inflar resultados
Otras dieciocho personas fueron asesinadas solo por su "condición de vulnerabilidad que facilitaba su engaño, traslado y presentación como integrantes de grupos subversivos". Los militares engañaban a jornaleros, trabajadores de plazas de mercado o personas de bajos estratos.
Mejía tenía comunicación directa con el expresidente Álvaro Uribe, mandatario durante su comandancia en Valledupar. En octubre de 2002, dos meses después de la posesión del antioqueño, el entonces jefe de Estado le increpó por un secuestro y un robo en una hacienda.
El coronel relató la comunicación, y contó que luego montó una operación en la finca, en la vía que comunica a la capital del Cesar con el municipio de Bosconia. Los soldados que Mejía lideraba asesinaron a dieciocho paramilitares, los remataron a tiros y los presentaron como miembros del ELN.
Del total de víctimas de Mejía y los militares de La Popa, tres eran menores de edad, cuatro eran del pueblo Kankuamo, una era del Pueblo Wiwa, cuatro eran afrodescendientes de dos consejos comunitarios, dos eran personas con discapacidad y once siguen sin ser identificadas.
El aparato de poder que Mejía puso en marcha elaboró una estrategia de encubrimiento que incluyó documentos falsos, inhibición de inicio de investigaciones —o archivo de ellas— y presunta omisión de jueces penales militares. La JEP ordenó retirar las condecoraciones de Mejía.
Para la JEP, la condena contra Mejía, de más de 1.100 páginas, demuestra el alcance de la justicia transicional, las oportunidades que ofrece para quienes participaron en el conflicto y el contraste con el que cuentan quienes son señalados como máximos responsables.
La Jurisdicción destacó este viernes la "macroinvestigación" que amplió "el universo de víctimas" que la justicia ordinaria le había reprochado a Mejía. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, señaló que el caso de La Popa "muestra bastante bien cómo funciona el sistema" integral para la paz.
"El día del asesinato de Carlos Arturo Cáceres nació su hijo. Al recibir la noticia, alistó un cántaro de leche y salió a conocerlo. Nunca lo logró, nunca llegó, nunca lo conoció", expresó por su parte la magistrada Reinere Jaramillo, quien le anunció al público la sentencia contra Publio Mejía.
La togada expresó que "el día de hoy no deberíamos estar aquí informando sobre la sentencia que resuelve un litigio". "Lo que debió ocurrir es que, del diálogo entre quienes participaron en el conflicto, que se sometieron a esta Jurisdicción, y las víctimas, se hubiese logrado el esclarecimiento de la verdad", añadió.
