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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios "por determinar" de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en Nicaragua, por la fiesta en la que participó el prófugo de la justicia Carlos Ramón González en Nicaragua.
El Ministerio Público se basó en una publicación de W Radio, que difundió un video en el que se ve al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) disfrutando de un agasajo que, según la emisora, tuvo más de doscientos asistentes.
"A fin de obtener las pruebas que permitan delimitar los hechos enrostrados, y conforme a ello determinar presuntos responsables, y valorarlos de cara a la posible incidencia disciplinaria, se dispone iniciar indagación previa", sostiene el auto de cuatro páginas que da inicio al proceso.
La idea es determinar qué funcionarios del cuerpo diplomático estuvieron involucrados, si hubo recursos públicos de por medio y si se incumplieron obligaciones como detener a González, quien cuenta con una orden de captura internacional.
Para avanzar con el caso, el ente de control le pidió a su laboratorio de informática forense recolectar las publicaciones de los medios de comunicación que hayan informado de la fiesta y "establecer" la presencia de Carlos Ramón González en el evento.
El equipo de análisis de la información debe analizar el video en el que aparece el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para "establecer su originalidad", validar su origen y determinar "si ha sido editado o alterado".
Las pruebas que la Procuraduría pidió por Carlos Ramón González
La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría ordenó una inspección en la Cancillería para conocer su participación en la ‘Noche Vallenata’, la parranda del 11 de diciembre en el Palacio de los Cristales, un salón del lujoso Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua.
El Ministerio de Exteriores, liderado por Rosa Yolanda Villavicencio, tendrá que responder por "la naturaleza del evento", los invitados y los recursos invertidos, con soportes como contratos para artistas, convenios de logística y constancias de pagos para los responsables de la organización.
Contestará, además, si tuvo conocimiento de que González hubiese asistido y si adelanta una investigación. La Cancillería anunció el 16 de diciembre un proceso interno para "establecer las posibles responsabilidades" del encargado de negocios Óscar Muñoz.
"No existió invitación directa ni gestión alguna por parte de la misión diplomática o de sus funcionarios hacia el señor Carlos Ramón González", aseguró la Cancillería en un comunicado, en el que se excusó en que "no tiene jurisdicción" en el teatro ni podía impedir algún ingreso.
La Embajada en Nicaragua, por su parte, le indicará al ente de control de qué manera participó en la parranda y precisará su "naturaleza", los invitados y los recursos invertidos, "allegando copia de los respectivos soportes" de los contratos y pagos.
González, una de las presuntas fichas clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), está asilado en el país centroamericano bajo la protección del régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
El juicio que le espera a Carlos Ramón González en Colombia
La Corte Suprema de Justicia se prepara para adelantar su juicio contra el exdirector del Dapre y de la DNI. El 1.º de diciembre el alto tribunal designó a la magistrada que evaluará las pruebas de la Fiscalía y le pedirá a la Sala de Primera Instancia una condena o una absolución.
Por reparto, el expediente le correspondió a la magistrada Blanca Nélida Barreto, presidenta de la Sala. La magistrada fijará una fecha en 2026, luego de la vacancia judicial, para la audiencia de acusación, que podrá desarrollarse mientras González sigue prófugo.
Las investigaciones por el saqueo a la UNGRD en el gobierno de Gustavo Petro apuntan al expresidente del partido Alianza Verde como una pieza central. Por eso la Fiscalía le pidió al Tribunal Superior de Bogotá una medida de aseguramiento, y a la Interpol, una circular roja.
Según la Fiscalía, González coordinó la entrega de una coima de $3.000 millones para el expresidente del Senado Iván Name y otra de $1.000 millones para el expresidente de la Cámara Andrés Calle. La Corte Suprema los investiga y los mantiene en prisión desde mayo.
El ente acusador le imputó en mayo los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. La acusación, que antecede a una audiencia preparatoria y al juicio contra el exmilitante del M-19, se basa en los mismos delitos, que la Corte Suprema revisará próximamente.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció el 27 de noviembre el escrito de acusación. "Independientemente de si a esta persona se le puede hacer efectiva la circular roja que contra él pesa o se presenta a las autoridades, nosotros seguimos con la judicialización", dijo.
