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Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a tres de los involucrados en la presunta corrupción que terminó en el incumplimiento del contrato de mantenimiento de una flotilla de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, de 32 millones de dólares.
El 16 de diciembre la Fiscalía capturó a Hugo Mora Tamayo, un funcionario de la secretaría del Ministerio de Defensa; a Diego Manrique Cabezas, asesor de la dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del ministerio, y al coronel Julián Rincón.
Para avanzar en el proceso penal, el ente acusador tramita ante la Interpol una circular roja para hacer efectivas otras dos órdenes de captura: la del colombiano Carlos Martín Uribe Forero, representante de MI-Series Personnel & Parts, y del norteamericano James Lester Montgomerie.
Mora fue capturado en Manizales; Manrique, en Bogotá, y Rincón, en la base militar de Tolemaida. La Fiscalía les imputó, ante una juez de garantías, falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación.
El "entramado de corrupción" del mantenimiento de los MI-17
El fiscal buscará que la togada les imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Su tesis es que los capturados actuaron como coautores, o sea, de forma conjunta y acordada, en los delitos. Ninguno de los detenidos aceptó los cargos.
Para el ente acusador, los procesados fueron parte de "un entramado de corrupción" que "direccionó de manera irregular" el contrato entre septiembre y octubre de 2024. El coronel Rincón habría cambiado prórrogas ilícitamente y certificado sin soportes a la empresa Vertol System.
Manrique, presuntamente, intervino en la elaboración y la evaluación del estudio económico previo y cambió los requisitos financieros. Mora, aunque conocía las irregularidades, suscribió el convenio y viabilizó el anticipo del 50% de su valor.
La audiencia de imputación se desarrolló de forma virtual este miércoles, el mismo día en que la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública abrió una indagación disciplinaria "para establecer responsables" por las presuntas irregularidades en el contrato de mantenimiento.
La Procuraduría investiga el fallido mantenimiento de los helicópteros
El ente de control busca determinar el papel que tuvo el coronel Julián Rincón, comandante de la Brigada de Aviación 32, quien tenía a su cargo la supervisión, el manejo y el mantenimiento de la flota de aviación en el hangar del fuerte de Tolemaida.
Además, pretende establecer "las circunstancias de tiempo, modo y lugar" de la firma del contrato No. 012 de 2024, entre el Ministerio de Defensa y Vertol, la encargada del mantenimiento, a la que la cartera de seguridad le impuso una multa de 8,9 millones de dólares.
La idea es "concretar si existió omisión de funciones por parte de servidores del Ministerio de Defensa, civiles o militares, que pudieran configurar en faltas disciplinarias", aclaró la Procuraduría. El Ministerio Público inspeccionará al de Defensa y a la Brigada 32.
Después de recaudar toda la información relacionada con los convenios y contratos, tanto de la adquisición como del mantenimiento de los helicópteros —en las fases precontractuales, contractuales y de ejecución—, el ente de control formulará cargos contra quienes estarían involucrados.
Las advertencias sobre el incumplimiento de Vertol
El mantenimiento de los MI-17 permanece en la mira de las autoridades. El Ministerio de Defensa había entregado un anticipo de 16,2 millones de dólares y, cuando el contrato caducó —el 15 de noviembre—, las supervisiones y auditorías advertían de una baja ejecución.
La cartera que lidera el general en retiro, Pedro Sánchez, evidenció en agosto "múltiples incumplimientos contractuales", como "la falta de entrega de documentación requerida" y la "omisión en la ejecución de obligaciones técnicas establecidas en los anexos".
Tres helicópteros estaban a la espera de un mantenimiento completo de parte de Vertol System, y otros tres lo recibieron en aspectos que extendían su operatividad por meses. La mitad de la flotilla sigue en tierra y la otra mitad podría sumarse próximamente.
La Contraloría alertó en octubre de la alta posibilidad de un detrimento patrimonial, por la dificultad en la recuperación del millonario anticipo para el contratista. El Ministerio de Defensa ha recibido bienes por unos 2,6 millones de dólares como parte de la devolución.
