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Un día después de la audiencia en la que la magistrada Aura Rosero les impuso una medida de aseguramiento en prisión a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, otra togada del Tribunal de Bogotá legalizó su arresto.
Al terminar la diligencia del 18 de diciembre, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y uniformados de la Policía Nacional esposaron al exministro Bonilla y lo trasladaron al búnker de la Fiscalía, a pocos metros del Tribunal. Allí pasó su primera noche como detenido.
El exministro Velasco, por su parte, se presentó voluntariamente ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en Cali, donde reside y desde donde intervino, de forma remota, tanto en la imputación de cargos como en la solicitud de medida de aseguramiento.
Los exfuncionarios acudieron a una cita virtual con la magistrada María Leonor Oviedo, quien escuchó el relato de las capturas de parte de la fiscal María Cristina Patiño, el procurador Mario Enrique Gómez, los exministros capturados y sus defensas. Todos coincidieron en el respeto a las garantías.
"Tan pronto terminó la última sesión, hubo el proceso de hacer efectiva la orden de captura. Ingresé la noche de ayer al búnker de la Fiscalía. Recibí buen trato, tanto en el proceso como en el traslado. Me acompañó el equipo de defensa", narró Ricardo Bonilla.
Una captura legal para los miembros de la "empresa criminal"
La Fiscalía tenía 36 horas para legalizar la captura, y lo hizo en menos de veinticuatro. La magistrada constató los informes de las autoridades, las declaraciones de los involucrados, las comunicaciones que tuvieron y el requisito de que efectivamente existieran las órdenes de arresto. Todo fue lícito.
Oviedo libró las boletas de encarcelamiento para los exintegrantes del gobierno de Gustavo Petro en La Picota, el complejo carcelario más importante del país, "o al establecimiento que designe el INPEC". Luis Fernando Velasco anticipó que buscará una reclusión militar.
El Tribunal de Bogotá ordenó enviar a prisión a Bonilla y Velasco por su presunto papel en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). La Fiscalía inicialmente pidió una detención domiciliaria.
La fiscal Patiño les imputó al economista y al abogado concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, por aparentemente ofrecerles dádivas a congresistas a cambio de obtener respaldo para la administración de Petro en el Legislativo.
Según el ente acusador, entre mayo de 2023 y febrero de 2024 los entonces ministros ordenaron direccionar dineros públicos de la UNGRD y el Invías hacia contratistas que varios congresistas designaban. La "empresa criminal", como la describe la Fiscalía, habría buscado torcer 79 convenios.
¿Qué pasó y qué sigue con Bonilla y Velasco en el caso de la UNGRD?
El monto de los contratos llegaba a los 612.000 millones de pesos. Solo siete llegaron a adjudicarse. Velasco habría liderado en febrero de 2024 un encuentro en la Casa de Nariño al que el confeso corrupto Olmedo López, exdirector de la UNGRD, se refiere como "el cónclave".
La fiscal Patiño y la magistrada Rosero también denominan a la reunión así. Allí, con la participación del prófugo Carlos Ramón González —a quien el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo protege en Nicaragua pese a una circular roja de la Interpol—, se habría planeado el esquema delictivo.
María Alejandra Benavides, exasesora del doctor en Economía Bonilla en la cartera de Crédito Público, es una testigo clave. La exfuncionaria firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía, y sus declaraciones impulsaron tanto la detención de Velasco y Bonilla como una compulsa de copias para la Corte Suprema.
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se han declarado inocentes desde el principio. La Fiscalía cuenta con noventa días para presentar un escrito de acusación si pretende que los exministros sigan en la cárcel. En caso de no radicarlo a tiempo, el excongresista y el exsecretario de Hacienda saldrán libres.
Las defensas de ambos apelaron la decisión, principalmente por ser más gravosa de lo que inicialmente pretendía el ente investigador. Mientras una Sala del Tribunal distinta a la de Rosero resuelve el recurso, tendrán que permanecer tras las rejas. La Corte Suprema luego adelantará el juicio en su contra.
