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El presidente Gustavo Petro se pronunció frente a las críticas generadas por la operación militar realizada en zona rural del Guaviare, en la cual fallecieron seis niños, niñas y adolescentes reclutados forzosamente por las disidencias de las FARC bajo el mando de alias “Iván Mordisco”.
El operativo, autorizado directamente por el jefe de Estado, tenía como objetivo atacar un campamento de esa estructura ilegal, señalado por el reclutamiento de menores y por otras violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo confirmó que, además de los seis menores fallecidos, fueron recuperados cuatro cuerpos adicionales, aun sin identificar. El organismo reiteró que las disidencias son responsables iniciales por involucrar a menores en las hostilidades, utilizarlos como escudos humanos y exponerlos a riesgos propios del conflicto armado.
Pronunciamiento del presidente Petro
Ante la controversia generada por el resultado de la operación, el presidente Petro defendió la decisión adoptada por el Gobierno y explicó que su objetivo principal era evitar una emboscada contra tropas del Ejército:
“Pero si se dejó avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados”.
El mandatario sostuvo que tomó una decisión orientada prioritariamente a proteger a los uniformados destacados en la zona: “Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”.
Asimismo, señaló la complejidad de recuperar control territorial en áreas donde operan estructuras armadas: “Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”.
Cuestionamientos a lo sucedido en Guaviare
La operación ha generado un amplio debate público, centrado en los principios de distinción, precaución y proporcionalidad que rigen el DIH, especialmente cuando existe la posibilidad de presencia de menores reclutados.
Distintos sectores han cuestionado si la Fuerza Pública tenía información previa sobre la ubicación de niños en el campamento y si la operación cumplió con los protocolos para minimizar daños a la población vulnerable.}
La Defensoría del Pueblo insistió en que, incluso en medio del conflicto, los menores reclutados mantienen una protección reforzada, lo que obliga a las autoridades a evaluar con mayor rigor los métodos y medios utilizados en los operativos militares.
El organismo también recordó que su papel no es certificar la legitimidad de acciones bélicas, sino promover el principio de humanidad y advertir sobre la gravedad de involucrar a niños en las hostilidades.
