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La Misión de Observación Electoral compartió los resultados de su cuarto informe preelectoral de violencia contra liderazgos políticos sociales y comunales, de cara a los comicios que se realizarán el 29 de octubre de este año.
El análisis que tiene corte del 29 de mayo, siete meses después del inicio del calendario electoral, concluyó que “el periodo preelectoral del 2023 se ha mantenido como el más violento registrado en la historia reciente del país”.
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“La violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el país constituye una amenaza a la democracia en la medida que limita la participación y representación de la población, es un medio para imponer o silenciar posturas, procesos y demandas, y afecta procesos democráticos dirigidos por líderes”, se lee en el informe.
La MOE reseña que, en el periodo analizado, se ha registrado un aumento de 37.3% en la violencia respecto del 2019 con un total de 320 hechos violentos, siendo los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca, los territorios más afectados.
“Los líderes políticos, principales participantes de las elecciones que tendrán lugar en octubre del presente año, concentran más de la mitad de la violencia registrada en el país al ser objeto de 53.9% de los hechos identificados. Número que también representa el registro más elevado desde 2006, que la MOE realiza su seguimiento a la violencia contra los liderazgos”, señaló el organismo de observación.
También alertan que se da cuenta de un total de 237 amedrentamientos y 531 acciones armadas, por parte de grupos armados ilegales, en el mismo periodo, lo que representan un aumento de 119.4% y 128.9%, frente al 2019.
En territorios de los Montes de María y Caquetá se observó un contexto complejo de conflictividad, teniendo en cuenta que este año “se han registrado alertas sobre prácticas ejercidas por grupos armados ilegales para la instrumentalización y coaptación de liderazgos como mecanismo de legitimización de su base social y carácter político, así como afectaciones a precandidatos que afectan de manera directa el ejercicio de los derechos políticos de la población”.
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Finalmente, hacen varias recomendaciones dirigidas para la toma de acciones dirigidas y a garantizar la seguridad y proteger la vida e integridad de las personas que por medios democráticos buscan influir en las decisiones que afectan sus comunidades.
“Establecer un canal de comunicación y un diálogo constante entre las autoridades, los partidos políticos y los grupos significativos de ciudadanos; los mensajes de parte de las autoridades deben ser encaminados a la acción y prevención; enfatizar la realización de comisiones de seguimiento nacionales, departamentales y municipales en los territorios más afectados por la violencia, e invitar a las instituciones a articularse”, se indicó.
