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La violencia que atraviesa el Huila ha empezado a golpear con especial fuerza a quienes trabajan por el bienestar y el desarrollo de las comunidades, médicos, enfermeras, instructores del SENA, operarios de empresas de servicios públicos, docentes y campesinos que diariamente recorren los territorios rurales y las zonas más apartadas del departamento.
En las últimas semanas, organizaciones sindicales, líderes sociales y voceros de diferentes gremios, han alertado sobre el preocupante incremento de amenazas, agresiones y restricciones a la movilidad, principalmente en el occidente del Huila y en la zona rural de Neiva, donde el accionar de grupos armados ilegales continúa generando temor e incertidumbre.
De acuerdo con las denuncias recopiladas por las agremiaciones, la situación no solo afecta a los trabajadores en su integridad personal, sino que está deteriorando gravemente la prestación de servicios esenciales en los territorios.
“Hemos conocido casos de varios trabajadores de los distintos gremios que han sido afectados de alguna u otra manera, tanto en el prestación del servicio que realizan los trabajadores a la comunidad como en el desarrollo de su trabajo. Estas afectaciones se han enfocado o se han recrudecido aún más en el occidente del departamento de Huila y en zona rural del municipio de Neiva”, indicó Pola Mendieta, vocera del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Huila.
Brigadas de salud que no pueden llegar a las comunidades, escuelas que deben suspender clases, proyectos de formación del SENA que quedan a medias, labores de reparación eléctrica paralizadas por amenazas y campesinos que reducen sus desplazamientos por miedo a quedar atrapados entre actores armados.
En palabras de los líderes sindicales, el departamento está viviendo un escenario donde quienes cumplen labores humanitarias y sociales se han convertido en objetivo de intimidaciones.
“Estos trabajadores a los que más han sido azotados por la violencia en el marco del conflicto armado han sido los trabajadores de la salud, los trabajadores del SENA y los trabajadores de la electrificadora, obviamente sin desconocer toda la situación del campesinado del trabajo en el campo, del trabajo rural y el trabajo agropecuario que se ve sumamente afectado por el tema de violencia en los territorios”, agregó.
El caso más reciente y alarmante ocurrió en el municipio de La Plata, en el occidente del Huila, donde una unidad médica que realizaba una brigada de salud fue secuestrada por más de 24 horas. Médicos, enfermeras y conductores permanecieron retenidos por grupos armados ilegales, mientras intentaban cumplir con su servicio en zonas rurales de difícil acceso.
Este hecho, repudiado por autoridades locales, gremios y organizaciones defensoras de derechos humanos, evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran los profesionales de la salud que asumen el reto de llevar servicios médicos a comunidades históricamente abandonadas.
El Magisterio, en particular, ha sido uno de los gremios más afectados. Las amenazas contra docentes rurales se han multiplicado, al tiempo que persisten los casos de reclutamiento forzado de menores en instituciones educativas apartadas.
Los maestros, que muchas veces son la única presencia del Estado en estas zonas, se enfrentan a situaciones complejas, deben seguir enseñando mientras intentan proteger a sus estudiantes y evitar que los grupos armados presionen a los jóvenes para integrarse a sus filas.
“Magisterio es el grupo de trabajadores más amenazados en el departamento, de hecho sí tiene más cifras exactas la organización sindical del Magisterio, pero siguen entrando a las escuelas, reclutando niños en los salones de clase, en las comunidades, a los niños jóvenes de las comunidades”, puntualizó.
Las organizaciones sindicales hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar la presencia institucional en las zonas rurales y brindar garantías de seguridad a los trabajadores, especialmente aquellos que realizan labores comunitarias esenciales.
“En cuanto a los compañeros de la electrificadora y los compañeros del SENA, pues hemos recibido reportes de que los retienen en las vías públicas, les quitan los carros y los vehículos que están al servicio de los trabajadores para poder llegar hasta la última vereda a ofrecer el servicio de energía”, indicó.
Mientras tanto, los gremios insisten en que no renunciarán a su misión social, aunque reconocen que la situación exige medidas inmediatas y contundentes. La violencia en el Huila sigue afectando gravemente el tejido social y la capacidad de las instituciones para llegar a donde más se las necesita.
