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En las últimas horas, varios municipios del Cauca fueron escenario de atentados terroristas perpetrados por las disidencias de las Farc. Ante el panorama, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por los ataques registrados en 11 municipios del departamento, entre ellos Toribío, Corinto, Miranda, Suárez, Santander de Quilichao, Caldono, Cajibío, Piendamó, Morales, Inzá y El Bordo-Patía.
Según el informe de la ONU, en Piendamó se registró una explosión de una moto cerca de la estación de Policía, en el casco urbano. Este ataque dejó 19 personas afectadas, entre ellas un policía y cuatro civiles con lesiones graves. Además, en Suárez hubo dos ataques indiscriminados más, aumentando el saldo de víctimas y el temor en la región.
Ante estos hechos, la Oficina de la ONU pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones y sancionar a los responsables de los ataques.
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"Reiteramos la importancia de que las autoridades investiguen, juzguen y sancionen a los responsables de los ataques de las últimas horas, que afectaron a decenas de personas, incluyendo mujeres, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, comunidades afros y campesinas, y pueblos indígenas", señaló el organismo en su comunicado.
De acuerdo con las primeras versiones oficiales, las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, serían los responsables de los atentados.
La ONU pidió a los actores armados no estatales a respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), al tiempo que le solicitó al Estado colombiano a tomar medidas preventivas para proteger a la población civil frente a estos hechos predecibles.
La ONU también expresó su solidaridad con las víctimas de los ataques y llamó a que se tomen acciones inmediatas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. “Nos solidarizamos con las víctimas”, concluyó el pronunciamiento.
La violencia de las disidencias de las Farc en el Cauca continúa afectando a las comunidades locales, especialmente en un contexto de creciente inseguridad y desplazamiento forzado en la región. La respuesta de las autoridades y la comunidad internacional será clave para garantizar la protección de los derechos humanos en la zona.
