La FM en Google News
Una Fiscalía especializada formuló imputación de cargos contra tres exdirectivos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por supuestamente haber tramitado y permitido la aprobación de manera irregular de los otrosíes 1, 2, 4, 5 y 8 del contrato de concesión 001 de 2010, ‘Ruta del Sol II’.
En desarrollo de este proceso se indaga la supuesta comisión del delito de interés indebido en la celebración de contratos y hace parte de una de las líneas de investigación dentro del escándalo de pago de sobornos de Odebrecht.
Esta imputación afecta al vicepresidente de Gestión Contractual, Camilo Mendoza Rozo; exgerente de Proyectos, José Andrés Torres Rodríguez; y al exvicepresidente jurídico, Héctor Jaime Pinilla Ortiz.
Le puede interesar: Odebrecht: Otto Bula y 'Ñoño' Elías, testigos clave para juicio contra Cecilia Álvarez
De acuerdo con las investigaciones estos exfuncionarios valiéndose cargos, formularon, avalaron y firmaron estudios de conveniencia, actas de comité de contratación, entre otras actuaciones para darle viabilidad a las adiciones aplicadas al proyecto vial.
Según se estableció, con base en estas actuaciones fueron modificadas y ajustadas las condiciones financieras y técnicas del contrato en favor del concesionario, del que hacía parte Odebrecht, sin que existieran estudios serios y completos.
“Durante las investigaciones se ha constataron que una de las adiciones aprobó la disminución de la huella asfáltica, lo que redujo la calidad de la obra y disminuyó los costos de construcción en favor del contratista”, indicó la Fiscalía.
Los fiscales también descubrieron que los implicados supuestamente acreditaron que se autorizaran pagos por trayectos no terminados, se hicieron giros anticipados, se ampliaron plazos, ajustaron cronogramas de obra y fueron omitidas las sanciones por demoras o ausencia de licencias ambientales.
Le puede interesar: Caso Odebrecht: Cecilia Álvarez, exministra de Transporte, va a juicio por corrupción
“Se adicionó la construcción de la intersección de Puerto Boyacá que no tenía relación con el contrato original, y se comprometieron recursos y vigencias futuras sin autorización del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis)”, agregó la Fiscalía.
