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A la Corte Suprema de Justicia ya llegó la impugnación de la defensa del exdiputado Nicolás Petro con la que buscan definir la ciudad que será competente para realizar la audiencia de acusación contra el hijo del presidente de la República, procesado por enriquecimiento ilícito.
Fuentes de ese tribunal confirmaron que ese recurso ya está en la Sala de Casación Penal y correspondió al despacho de la magistrada Myriam Ávila, quien será la responsable de decidir si el caso debe pasar a Bogotá o si permanece en la ciudad de Barranquilla.
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Los abogados representantes de Petro fundamentaron la petición argumentando que los dineros que habría recibido el hijo del presidente llegaron desde la capital y no desde Barranquilla, por lo que en ese sentido un juez del circuito de esa ciudad no es competente para dar trámite a ninguna de las etapas procesales.
El fiscal Mario Burgos expresó su rechazo frente a los argumentos para impugnar la competencia que, según los delegados de la Fiscalía, radica en cabeza de jueces penales del circuito por reparto de la ciudad de Barranquilla.
“Esta impugnación de competencia sería abuso de los recursos para no continuar con el trámite normal del proceso penal”, dijo Burgos en la diligencia del jueves 20 de noviembre.
Por su parte, la representante del Ministerio Público indicó que sí existe la competencia en Barranquilla porque las propiedad y otros supuestos delitos fueron cometidos en la capital del Atlántico.
Pese a la argumentación de los intervinientes, el juez decidió dar traslado de la petición del representante de Nicolás Petro para que sea la Corte Suprema de Justicia la corporación que defina esa competencia territorial.
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Este caso que ya llegó deberá ser resuelto en próximos días por la magistrada Myriam Ávila, pues la corte tiene poco margen para decidir debido a que el 19 de diciembre comienza la vacancia judicial que finaliza el 11 de enero.
Queda pendiente que la corte defina la ciudad que conocerá del caso del hijo del presidente para acusar y adelantar la etapa de juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
