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Desde el 11 de septiembre, la Procuraduría delegada para la Fuerza Pública ha solicitado a la Policía, sin éxito, información específica sobre la actuación de los uniformados en las marchas del 9 y 10 de septiembre, después de la muerte del estudiante de derecho Javier Ordoñez.
Son siete puntos con información que pide la Procuraduría a la Policía. El primero es una relación de las novedades de munición y armas de fuego y no letales, utilizadas por los miembros de la Policía durante las protestas.
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Para la Procuraduría, esa información permitirá identificar a cada funcionario que reportó el gasto de munición, y el lugar donde prestaba sus servicios en el momento en que hizo uso de las armas.
Dicha información también esclarecerá la identificación del arma que se disparó y la justificación o explicación que reportó el uniformado que la usó.
El segundo y tercer punto son los informes sobre el hurto o afectación de bienes a instalaciones policiales, funcionarios lesionados y personas civiles muertas o lesionadas durante las marchas.
“Informar qué tipo de actuaciones se han adelantado y cuál la dependencia y/o autoridad tramita las investigaciones correspondientes, evento en el cual se remitirán copias de las actuaciones realizadas en relación con esos hechos”, sostiene la Procuraduría.
El cuarto punto es un informe sobre qué particulares y/o personal de la institución, en traje de civil, pudo intervenir en desarrollo de los disturbios utilizando armas de fuego.
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La Procuraduría señala que esa información permitirá identificarlos y conocer la unidad policial a la que pertenecen y el servicio que cumplían.
El quinto punto hace alusión a las copias de las imágenes y videos, así como copias de las grabaciones de radio y demás medios de comunicación institucional, relacionadas con los hechos.
El sexto punto es el referente a los soportes de las instrucciones, directrices u órdenes impartidas por la Dirección General de la Policía Nacional y los diferentes comandos adscritos en medio de esas marchas.
En ese punto, la Procuraduría quiere saber “el comportamiento que debían tener los miembros de la Policía para la atención de las protestas y los hechos violentos de los que eran objeto las dependencias y personal de esa Institución”.
Además, la Procuraduría busca conocer si la Policía Nacional cuenta con registro balístico de las armas de propiedad de la institución.
