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El Consejo Gremial Nacional expresó su rechazo al paro armado atribuido al ELN, vigente desde el 14 de diciembre, y pidió al Gobierno una respuesta inmediata para restablecer el orden público y garantizar los derechos de la población civil.
Rechazo a las acciones del ELN
El Consejo Gremial Nacional rechazó el paro armado organizado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al considerar que este tipo de acciones afectan directamente a la población civil y buscan imponer control territorial mediante intimidación y violencia.
Según el gremio, “ningún grupo armado ilegal puede pretender sustituir al Estado ni vulnerar las libertades y los derechos de la población”, al tiempo que advirtió que estas acciones constituyen una violación a la Constitución y a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Llamado al Gobierno Nacional
El Consejo Gremial manifestó su preocupación por la situación de orden público y pidió al Gobierno nacional adoptar medidas urgentes que permitan una respuesta integral y verificable en las zonas afectadas.
“Es necesario restablecer el orden público, recuperar el control territorial y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades”, señaló la organización, que también insistió en la necesidad de avanzar en la investigación y judicialización de los responsables de los hechos de violencia.
Responsabilidad del Estado
El gremio subrayó que corresponde al Estado, en cabeza del presidente de la República, coordinar todas las entidades del Ejecutivo para asegurar el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos en el territorio nacional.
“Colombia no puede permitir que el terrorismo se apodere del territorio”, advirtió el Consejo Gremial, al reiterar que la respuesta institucional debe traducirse en resultados concretos que fortalezcan la estabilidad democrática.
Exigencia de una respuesta efectiva
Finalmente, el Consejo Gremial Nacional insistió en que la respuesta del Estado debe ser “firme, coordinada y efectiva”, y reiteró su llamado a proteger a la población civil frente a las acciones de los grupos armados ilegales.
El pronunciamiento fue emitido este 16 de diciembre desde Bogotá y cuenta con el respaldo de más de 30 gremios del sector productivo del país.
