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La fiscal general Luz Adriana Camargo, confirmó la primicia de La FM y reportó la captura de tres implicados en Colombia y se tramitan dos circulares rojas ante la Interpol por el escándalo de corrupción por la millonaria contratación lograda con la firma norteamericana Vertol Systems Company en torno a las fallas y retrasos en el contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional.
Por estos hechos fue capturado en Manizales Hugo Alejandro Mora Tamayo, quien se desempeñó en la Secretaría General del Ministerio de Defensa.
De igual forma, fue capturado en Bogotá Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa.
La fiscal Camargo confirmó que el tercer capturado por estos hechos es el coronel Julián Rincón comandante de la Brigada de Aviación del Ejército en Tolemaida, quien tenía a su cargo la supervisión, manejo y mantenimiento de la flota de aviación en el Hangar de esa base militar.
El cumplimiento de esta orden judicial se llevó a cabo en el Fuerte Militar de Tolemaida, Cundinamarca, en el marco del proceso adelantado en contra del oficial por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad ideológica en documento público, conductas derivadas de la ejecución del contrato No. 012 del 2024 del Ministerio de Defensa Nacional.
También se conoció que la Fiscalía tramita ante la Interpol la emisión de una circular roja para buscar hacer efectiva la orden de captura internacional de Carlos Martín Uribe Forero, representante Mi – Series Personsonel & Parts y James Lester Montgomerie de nacionalidad norteamericana.
“Estamos hablando del contrato que se llevó a cabo, que se realizó para garantizar el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17, que fue por valor de 32 mil millones de dólares. De ese contrato teníamos una investigación, se hicieron efectivas hoy unas capturas, fueron cinco contra militares y particulares que probablemente estarían implicados en irregularidades de naturaleza contractual”, indicó la fiscal Camargo.
Así mismo, sostuvo que “es un contrato de una suma muy elevada, además de un tema muy sensible que tiene que ver con la seguridad nacional en la medida en que estos helicópteros deben estar en óptimo funcionamiento es un caso que adelanta la unidad de la dirección especializada contra la corrupción del nivel central de la nacional y estamos en proceso de las capturas en este momento”.
¿Por qué delitos deberán responder?
Ante la gravedad de los hechos los primeros tres capturados serán imputados por su supuesta autoria en delitos como falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y peculado por apropiación.
La Fiscalía especializada a cargo del proceso también solicitará imponerles una medida de aseguramiento privativa de la libertad teniendo en cuenta el daño causado al erario público e incluso a la seguridad nacional.
La alerta de la Contraloría General
Estás capturas se suman a otra serie de diligencias judiciales de allanamiento y registro ordenadas por una Fiscalía adscrita a la Dirección Nacional contra la Corrupción tras haber asumido el proceso hace mes y medio, tras la alerta que realizó el 6 de octubre pasado la propia Contraloría General sobre un posible detrimento patrimonial.
La alerta de la Contraloría General estaba dirigida a que el contrato, cuyo anticipo inicial fue de 16,2 millones de dólares, equivalente al 50 % del valor total, tenía como objetivo garantizar la operatividad de la flota de helicópteros Mi-17, fundamentales para ejecutar misiones de transporte de tropas, atención humanitaria y evacuaciones médicas en zonas de difícil acceso.
De acuerdo con este organismo de control dicho contrato presentaba un riesgo significativo de incumplimiento, dado que registraba en su momento un avance físico del 8%, mientras que ya se había desembolsado un pago anticipado correspondiente al 50% del valor total del contrato que ascendía a los 32.4 millones de dólares.
Con base en las denuncias esta situación evidenciaba una desproporción critica entre los recursos entregados y el nivel de ejecución alcanzado, lo que ponía en riesgo la adecuada culminación del objeto del millonario contrato.
