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La consejera Presidencial para los DD.HH., Nancy Patricia Gutiérrez, hizo un fuerte llamado de atención al gobernador del Putumayo, Buanerges Rosero Peña, y los alcaldes de ese departamento, por su falta de apoyo en la implementación de estrategias contra el reclutamiento infantil.
Les recordó que son los responsables del riesgo en el territorio. “Si no asisten las autoridades territoriales, las 22 entidades de orden nacional que hacemos parte de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, el uso, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (Ciprunna), en Colombia no vamos a lograr sacar adelante este propósito”.
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Les dijo además que “desde febrero pasado, la Consejería se dio a la tarea de revisar las zonas de mayor riesgo del país y en Putumayo identificó como prioridades a los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Guzmán, Puerto Asís, San Miguel y Valle de Guamuez. Del total de las víctimas en el departamento, que llega a 136.370 personas, el 49,78% son niños, niñas y adolescentes”.
En ese sentido, dijo que “sólo podemos proteger a los niños y niñas cuando todos tengamos el compromiso. Siento un poco de frustración que desde el orden nacional llevemos este programa a un departamento como el Putumayo, en donde hay permanentemente hechos de violencia, y no encontremos la respuesta de las entidades territoriales”.
También les recordó a los mandatarios que “no importa la diferencia de partido político o de gobierno que se represente, por encima está el propósito de proteger a los menores de edad. Necesitamos encontrar el compromiso al más alto nivel de las autoridades territoriales, así como ya está el compromiso al más alto nivel de las autoridades nacionales”.
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La funcionaria también dijo que este programa “llegará a cerca de 12.500 niños, niñas y adolescentes, y sus familias; así como a directivos docentes y voceros comunitarios en 103 entidades territoriales de todo el país”.
Agregó que “la comunidad internacional sabe que Colombia está en un momento de muchísimo riesgo de recrudecimiento de la violencia, por parte de grupos armados ilegales que están en el territorio, dañándole la vida a los niños, niñas y adolescentes, a los líderes sociales y a las comunidades indígenas".
Gutiérrez apuntó que "necesitamos unirnos el Gobierno Nacional, gobierno departamental y gobiernos municipales, con la comunidad y la sociedad para salvar a nuestros menores de edad, pero si no hay una cooperación de las entidades territoriales, realmente el esfuerzo queda perdido”.
