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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento que realizó William Hernán Pérez Espinel, quien fue gobernador de Casanare, entre 2001 y 2003, para ser acogido con los beneficios de ese tribunal especial.
Según los magistrados, el exgobernador condenado por nexos con los exparamilitares y enriquecimiento ilícito no hizo en ninguna de sus diligencias ante ese tribunal un aporte real de verdad que pudiera contribuir a resarcir los derechos de las víctimas
De acuerdo con las investigaciones en su contra durante el período del 2001 al 2003, en el que se desempeñó como gobernador del departamento de Casanare incurrió en una serie de conductas criminales, orientadas a beneficiar a los extintos grupos paramilitares.
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“El aporte a la verdad del señor William Hernán Pérez Espinel se limita a una reproducción de la información que se obtuvo en la justicia penal ordinaria, sin realizar una explicación pormenorizada de lo que se le requirió en la ampliación, por el contrario, indica que no le es posible citar con precisión situaciones de tiempo, modo o lugar, o de la identificación de personas que tenían el manejo contractual”, indicó la JEP.
“Todo ello no puede ser considerado como un aporte sustancial sobre el cual construir un diálogo con la sociedad y las víctimas, o que permita develar casos de macrocriminalidad de la parapolítica”, concluyeron los magistrados.
La JEP recordó que Pérez Espinel se encuentra vinculado a 16 procesos judiciales en calidad de indiciado, por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contratación sin cumplimiento de los requisitos legales, concusión, enriquecimiento ilícito.
Actualmente se encuentra privado de la libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia, tras pesar en su contra a penas de 15 años de prisión y una multa por más de 2.400 millones de pesos.
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En su momento, la Fiscalía logró probar que Pérez Espinel recibió el aval de alias 'Martín Llanos' para asegurar su triunfo en la Gobernación del departamento de Casanare para el período 2001- 2003, y para ello comprometió la administración, permitiendo la manipulación de al menos parte de los recursos públicos, especialmente a través de la ausencia de selección objetiva de contratistas.
