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La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) explorará dos lotes de las zonas conocidas como La Escombrera y La Arenera, en la Comuna 13 de Medellín, donde se presume hay cuerpos inhumados de víctimas del conflicto.
Estas labores especiales de exploración se llevarán a cabo por un espacio de 120 días.
Luego de un minucioso análisis del material entregado por la Fiscalía General de la Nación y el Grupo de Análisis de la Información de la JEP, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad ordenó proteger y diseñar un plan de búsqueda en estos terrenos, en un lapso de 30 días.
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Asimismo, a través de una medida cautelar dictada el 11 de agosto de 2020, los magistrados prohibieron cualquier tipo de intervención en estos dos lotes.
De igual forma, los magistrados ordenaron a la Alcaldía de Medellín acordonar y conservar estos lotes para que no sean alterados, como lo han sido de manera severa y continua otras zonas aledañas a los perímetros delimitados donde se iniciará la búsqueda de víctimas de desaparición forzada.
De acuerdo con la Sección, el “Polígono Nuevo” en La Escombrera ha sufrido pocos cambios naturales o por intervención humana, lo que facilitaría las labores de investigación.
“El interés que hay sobre esta primera área delimitada se debe a la cercanía con un sector de la base paramilitar que operó en este terreno durante varios años”, señaló la JEP.
Los magistrados señalaron que en ese tipo de zonas solían hacer inhumaciones de las personas desaparecidas, de acuerdo con los patrones observados en el marco de los procesos de Justicia y Paz en el cual declararon múltiples exmiembros del Bloque Cacique Nutibara.
No obstante, la JEP manifestó su preocupación por una carretera que atraviesa el polígono y que es transitada por vehículos y maquinaria pesada.
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El segundo lote protegido fue identificado como “zona de bajos cambios en la cobertura del suelo”, que se compone por un área que registra un aumento de la cobertura vegetal y que también cuenta con una vía que lo cruza.
Los magistrados indicaron que en ese sentido, la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional deben garantizar el cerramiento de los lugares delimitados y solicitaron a la empresa El Cóndor S.A., dueña de estos terrenos, la preservación de los mismos y su conservación intacta.
